De acuerdo con Córdova, no debería ser complicado elaborar un plan y regular el uso de mercurio, pero hay resistencia de quienes explotan el oro a título de las cooperativas que tienen mucho poder.
“Este plan tiene que limitar el uso de mercurio a esta gente y creo que ese es el problema de convencer a esta gente poderosa. No se conoce el contenido de la propuesta de plan, pero seguro habrá resistencia de la sociedad civil, la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas, Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), que ya han adelantado su rechazo porque no fueron consultados”, afirmó.
Para el experto, en la actual coyuntura, cualquier medida que impulse el Gobierno será observada porque cómo podría asumir responsabilidades para el futuro, cuando ya está por finalizar su mandato y es probable que la nueva administración tampoco lo acepte.
Córdova dijo que hay muchas alternativas al uso del mercurio en la explotación aurífera, como por ejemplo el empleo de máquinas ultracentrifugadoras que permiten recuperar el metal sin contaminar el medio ambiente.
También hay disolventes biológicos o la retorta que se utiliza para separar el oro del mercurio por destilación, evitando la emisión al medio ambiente y recuperando el metal. Estas herramientas permiten capturar los vapores generados en el proceso de amalgamación y condensarlos en mercurio líquido reutilizable. Su costo es de 100 dólares, pero ni siquiera estas alternativas son aceptadas por las cooperativas, agregó Córdova.
De acuerdo con el experto, para eliminar de manera definitiva el uso de mercurio, se podría desde el Estado generar incentivos para que las empresas privadas instalen y monten plantas de procesamiento de oro con tecnología de punta en las zonas auríferas, donde los mineros lleven su producción y la depuren, a cambio de un pago a estas compañías. Para generar interés, también se puede ofrecer rebaja de regalías u otros alicientes para que, en el plazo de un año, se sustituya o se deje de usar el mercurio en la explotación aurífera.
Un análisis publicado por la Fundación Solón sobre el Estado de situación de la minería del oro en el Norte de La Paz y parte del Beni, y una presentación a cargo de Manuel Salinas, técnico de WCS, institución con larga trayectoria en la conservación ambiental y parte del Grupo Interinstitucional de Trabajo en Oro Responsable (GIT-OR), revela los impactos de la minería del oro.
Hay lugares de explotación mecanizada con evidentes impactos como en la zona de Larecaja Tropical; una zona de minería artesanal de bajo impacto en algunas comunidades sobre el río Beni; y hay otras zonas que no tienen actividad minera, pero que sufren los impactos de la actividad por la contaminación con mercurio. “Para producir 1 kilo de oro se llega a usar 10, 15 o hasta 20 kilos de mercurio que va directamente al ambiente y el mercurio no es biodegradable (…). Un dato interesante es que nuestro país es de los mayores importadores de mercurio del mundo”, señala el diagnóstico.
Se hizo referencia al estudio realizado por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz que en 2023 demostró que el 74,5% de la población indígena participante de la muestra (302 personas) superó el rango máximo establecido a nivel internacional (1 ppm) y marcó un promedio de 3,93 ppm de mercurio en sus cuerpos.
Esta contaminación se debe principalmente a la liberación de mercurio al ambiente, sobre todo a los ríos, provocando la conversión del mercurio metálico en metilmercurio y generando la contaminación en los peces y, por su intermedio, a las personas que consumen pescado, por lo que los principales afectados son aquellos pueblos o comunidades indígenas que tienen al pescado como principal fuente de proteína en sus dietas.
ONU recibe quejas de indígenas y socializan un plan
A más de cinco meses del Examen Periódico Universal (EPU) a Bolivia, en su cuarto ciclo, la coalición de organizaciones de pueblos indígenas y defensores de Derechos Humanos de la sociedad nacional hizo conocer el 1 de julio, ante el Consejo de DDHH de Naciones Unidas, su preocupación por la insuficiente respuesta del Gobierno al momento de abordar la problemática de la contaminación por mercurio, provocada por la minería aurífera y la reducción del espacio cívico.
“Nos preocupa que nuestro gobierno haya abordado insuficientemente la grave contaminación de nuestros ríos y fuentes de agua por mercurio utilizado en la minería aurífera. Y también nos preocupa que países vecinos, afectados por el tráfico ilegal de mercurio desde Bolivia, no se hayan referido a este problema”, señala la declaración oral que fue leída durante el 59º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, según reflejó la Agencia de Noticias Ambientales (ANA).
El Gobierno comenzó a socializar un Plan de Acción Nacional que plantea eliminar la práctica de molienda-amalgamación con una meta a corto plazo 2025-2026 para que el 5% de los actores mineros eliminen el uso de mercurio. Para 2027-2029, la meta se extiende al 35% de los actores y en 2030-2031, a un 60%.
También se propone el empleo de tecnologías limpias, como el amalgamador sin molienda, retorta y reactivador de mercurio y lograr, para 2025-2026, que se reduzca el uso de mercurio en un 5%; un 35% en el periodo 2027-2029, y un 60% para 2030-2031.
Esto permitirá reducir el uso de esta sustancia entre 86 y 107 toneladas año y la pérdida entre 46 a 56 toneladas anuales.
La otra meta es la reducción de uso y pérdida en la minería aluvial con el empleo de tecnologías limpias. Para 2025-2026 se reduciría el uso en 10%.
Entre 2027 y 2029 en un 30% y, a largo plazo, 2030-2031 en un 60%. De esa forma se disminuiría el uso de mercurio entre 24 y 31 toneladas año y la reducción de las importaciones entre 21 y 27 toneladas.
El plan fue expuesto en el foro internacional cerrado “Intercambio de experiencias regionales en la implementación del Convenio de Minamata y el Plan de Acción Nacional”. Participaron el Observatorio del Mercurio y la CAN.
