El gobernador cruceño debía comparecer por el caso Decretazo, pero las autoridades penitenciarias impidieron su traslado desde Chonchocoro. La autoridad sostiene que se vulneran sus derechos.
Luis Fernando Camacho a la salida de una audiencia. Foto: EFE
El gobernador cruceño y líder de la agrupación Creemos, Luis Fernando Camacho, denunció este viernes, a través de sus redes sociales, que el impedimento de la Dirección Nacional de Régimen Penitenciario para su traslado desde el penal de Chonchocoro, en La Paz, hasta la ciudad de Santa Cruz, donde debía comparecer ante un juez por el caso denominado Decretazo, ratifica su condición de preso político del régimen de Luis Arce Catacora.
El jueves, el director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, anunció que Camacho no sería trasladado por la falta de garantías tanto para la autoridad cruceña como para los efectivos del orden que tendrían la labor de resguardarlo, es más, aseveró que ‘así yo ponga 20 policías’, el peligro para la seguridad de la comitiva continuaría latente; y recordó que en 2022, pese al tamaño del contingente acantonado en la capital oriental, adeptos del gobernador intentaron tomar el Comando Departamental de la Policía.
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“Hoy, nuevamente, las autoridades de gobierno incumplieron una orden judicial, negando de forma arbitraria y sin argumento jurídico mi traslado a Santa Cruz”, escribió Camacho en su cuenta de la red social X y agregó que la situación “ratifica lo que vengo denunciando junto con mi equipo jurídico: mi situación es la de un preso político, secuestrado por un régimen dictatorial y abusivo que desconoce el estado de derecho”, a propósito de la negativa a su traslado.
El abogado del gobernador, Martín Camacho. Foto: captura pantalla
El caso denominado Decretazo fue abierto por la promulgación del Decreto Departamental 373, en marzo de 2022, por el cual Camacho delegó temporalmente como interino a Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, en lugar de dejar el mando al vicegobernador Mario Aguilera, como establece la Constitución Política del Estado (CPE) y el Estatuto Autonómico de Santa Cruz. Por esa decisión, es investigado por la presunta comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
La autoridad debía comparecer este viernes ante un tribunal cruceño; sin embargo, las autoridades penitenciarias autorizaron el traslado por supuestas razones logísticas y de seguridad. “Sus argumentos son burdos y cínicos, los hechos son claros; están actuando por fuera de la ley, amparados en su poder político temporal”, enfatizó para luego recordar que, “todo acto por fuera de la ley, tarde o temprano tendrá sus consecuencias, no solo para quienes incumplen, sino también, para quienes presionan para que no se cumplan”.
Camacho, quien guarda detención preventiva en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro desde diciembre de 2022, enfrenta además un proceso penal por el caso Golpe de Estado I, en el que se lo acusa por terrorismo debido a su participación en los hechos de octubre de 2019 que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales. El caso está en revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
La defensa de Camacho ha denunciado en reiteradas ocasiones que el gobierno vulnera sus derechos fundamentales, entre ellos, el de participar en audiencias judiciales presenciales. Su abogado, Martín Camacho, sostiene que existe un patrón sistemático de obstrucción a la justicia por parte del Estado. Al respecto, el político cruceño afirma que “las dictaduras no son eternas. Mi libertad física se dará por decisión de Dios y por la lucha democrática del pueblo”. Y acuña una frase a manera de sentencia: “¡Ya falta poco!”.