Emilio Martínez Cardona
La ex presidente argentina, Cristina Fernández de Kirchner (CFK), purga pena de prisión domiciliaria por seis años a raíz del Caso Vialidad, en el que causó daños al Estado con multimillonarios sobreprecios en 51 contratos de obra pública, que contribuyeron a su enriquecimiento ilícito.
Con tobillera electrónica, CFK recibió la visita de otro alto representante de la cleptocracia (del griego kleptos, “ladrón”), el mandatario brasileño Lula da Silva, quien pasó su temporada en prisión por el Caso Lava Jato, considerado el peor negociado de corrupción del continente de toda la historia y del que nunca fue declarado inocente, aunque sí recibió el beneficio de la liberación por tecnicismos jurisdiccionales.
Ambos posaron muy sonrientes para las cámaras, en la que seguramente será una foto emblemática para el álbum de las cleptocracias del siglo XXI, como podríamos definir al grupo de gobiernos y regímenes que en las últimas décadas hicieron de las suyas en la región, unos con formas algo más democráticas y otros de manera claramente autoritaria.
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La condena de CFK se produjo tras un largo juicio en el que contó con todas las garantías del debido proceso, por lo que son retóricas las denuncias de un “lawfare” (persecución legal) en su contra, habiendo más bien indicios de que el actual gobierno de su país intentó salvarla de la inhabilitación electoral, para tener el “enemigo perfecto” en los próximos comicios nacionales.
A esa agenda de visitas quiso sumarse de modo poco estratégico el presidente boliviano Luis Arce, durante su estadía en Buenos Aires para la Cumbre del Mercosur, pero irónicamente la justicia de Argentina le hizo el favor, con su negativa, de ahorrarle una foto en el álbum de la cleptocracia.
Viendo lo hecho por los gobiernos de la izquierda populista latinoamericana, es imposible no recordar la frase del sociólogo Vilfredo Pareto, quien definía a los socialistas como “la aristocracia de los bandidos”.
Otro integrante del mismo club, aunque tenga la membresía algo devaluada, es Evo Morales, quien busca por estos días impunidades pactadas, como dejó entrever Mariana Prado, candidata a vicepresidente de su ex pupilo del Chapare, Andrónico Rodríguez.
“No tocar a Evo” es la consigna develada, con la obvia intención de atraer al voto duro que aún rodea al campeón de los bloqueos carreteros, quien cada tanto da señas de estar creando una guerrilla para el caso de que se pretenda hacer efectiva su rendición de cuentas ante los tribunales.
Expulsado como está de la carrera electoral, por decisión popular en un referéndum y por cláusulas constitucionales, más temprano que tarde Morales deberá responder por el uso de la inversión pública en beneficio del narcotráfico, como se vio en Llallagua. Ese puede ser un interesante capítulo que sumar, con fotos sonrientes o no, en el álbum regional de las cleptocracias.