El ministro Roberto Ríos señala que la población exige que ya no exista impunidad ni penas benevolentes cuando se comete un delito al conducir.
eju.tv / Video: Bolivia TV
Ante el incremento sostenido de accidentes de tránsito con consecuencias fatales y la creciente indignación social por la impunidad en estos casos, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, anunció este miércoles la aprobación en el gabinete ministerial de un proyecto de ley que modifica los artículos 261 y 262 del Código Penal, el cual endurece las sanciones por hechos de tránsito cuando se compruebe culpa, dolo o conducta irresponsable del conductor.
El proyecto aprobado por los ministros será remitido a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para su tratamiento. Según explicó Ríos, el objetivo es ajustar las penas respecto a la gravedad de las consecuencias y así evitar que sucesos graves como la muerte o lesiones gravísimas en los accidentes de tránsito queden impunes debido a lagunas normativas. “Hoy en día, nuestra ley sanciona con la misma pena al que causa lesiones y al que provoca la muerte. Esto permite que muchos infractores se acojan al perdón judicial y no ingresen ni un día a la cárcel. Eso se acabó”, enfatizó el ministro.
Según datos del Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana, entre 2023 y 2024 se registró un aumento del 5,09% en personas heridas por accidentes de tránsito, pasando de 15.051 a 15.817 casos. Aún más preocupante es el incremento del 15,38% en las muertes: en el año 2023 se registró un total de 1.515 personas fallecidas en accidentes de tránsito; en tanto, en el 2024 la cifra ascendió a 1.748, vale decir, 233 decesos más.
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Foto: captura pantalla
Según la autoridad, el dato realmente preocupante es que el 60% o 61% de todos los accidentes y hechos de tránsito que se registran son causados principalmente por imprudencia al conducir, como el uso del celular al volante, el exceso de velocidad, rebasar en curvas o desobedecer la señalización; además, aunque en menor proporción, un 5,1% de los accidentes fue provocado por conductores bajo efecto del alcohol o estupefacientes, aspecto que agrava sustancialmente el delito.
“Hay una conducta reiterada y peligrosa en las calles, y la ley debe responder con firmeza. No es aceptable que personas sin categoría profesional manejen buses interdepartamentales o que quienes provocan muertes eviten la cárcel”, agregó. Por lo cual, esa cartera de Estado hizo un análisis de la ley actual, la revisión de la legislación comparada, así como la proporcionalidad de las sanciones en función a la gravedad de los daños que se provocan, del trabajo se colige que la normativa actual sanciona con la misma pena al autor que produce lesiones graves, gravísimas y la muerte.
Foto: captura pantalla
Por tanto, el nuevo proyecto de ley propone una diferenciación clara de penas según la gravedad del hecho:
- Lesiones graves: de 1 a 3 años de reclusión.
- Lesiones gravísimas: de 2 a 4 años.
- Muerte por culpa: de 3 a 5 años.
Y cuando el accidente se produce bajo influencia de alcohol o drogas, las penas se agravan:
- Lesiones (graves o gravísimas): de 4 a 8 años.
- Muerte: de 5 a 10 años.
- Inhabilitación definitiva para conducir: en todos los casos con agravantes.
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Asimismo, se modifica el artículo 262, relativo a la omisión de socorro. Antes castigado con 1 a 4 años de cárcel para aquellos conductores que no presten auxilio a las víctimas, ahora la propuesta de sanción es de 2 a 5 años, con agravantes si la negligencia ocurre en un lugar despoblado. Si bien el endurecimiento de penas es el eje del proyecto, Ríos enfatizó que el enfoque del Gobierno es integral. “No basta con castigar. También estamos trabajando en prevención y educación a través del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Hay que formar a los futuros conductores en una nueva cultura vial”, subrayó.
El proyecto será remitido en los próximos días a la ALP, donde se espera su aprobación al tratarse de una demanda ciudadana. Empero dejo en claro que la intención del proyecto es criminalizar al conductor que sufre un accidente, sino se trata de castigar con todo el peso de la ley cuando hay irresponsabilidad, negligencia o incluso dolo. Se trata de proteger a la población que pide que los autores de actos irresponsables cuando conducen sean sancionados de acuerdo con la gravedad de los hechos, enfatizó.