A menos de un mes de las elecciones presidenciales de agosto de 2025, Bolivia enfrenta un momento crítico para su democracia. El Tribunal Supremo Electoral (TSE), como máximo ente encargado de administrar los comicios, se encuentra bajo una presión inédita. En un contexto de polarización política exacerbada, crisis de confianza institucional y un pasado reciente marcado por conflictos electorales, el desafío de garantizar un proceso transparente, imparcial y legítimo nunca fue tan crucial, ni tan complicado.
Referentes históricos: Huáscar Cajías y la independencia de la Corte Electoral
No siempre el organismo electoral boliviano ha estado sumido en la sospecha permanente. Por el contrario, la historia reciente ofrece ejemplos elocuentes de que es posible una Corte auténticamente independiente y respetada. Uno de los momentos más notables ocurrió a partir de 1991, cuando una reforma política profunda se desembocó en la conformación de la Corte Nacional Electoral (CNE), encabezada por personalidades notables, entre ellos Huáscar Cajías Kauffman. A diferencia de etapas anteriores, dominadas por la injerencia de partidos y gobiernos de turno, esta Corte marcó un punto de inflexión en la credibilidad democrática del país.
El período liderado por Huáscar Cajías es ampliamente recordado como el de mayor imparcialidad e integridad del organismo electoral. Cajías, prestigioso periodista y jurista, fue designado presidente de la CNE con el consenso de todas las fuerzas políticas, sin presiones externas, y su gestión se distinguió por ética, ecuanimidad y transparencia. Así lo recuerda el periodista Wálter Mur: «Fue el líder ético de una de las instituciones más notables de la historia contemporánea de la democracia nacional. A él y a sus colaboradores cercanos, el país les debe el haber recuperado en ese tiempo la fe en las elecciones como mecanismo de expresión de la voluntad popular». El ejemplo de Cajías y de otros notables que conformaron aquella CNE imparcial, prueba que la autonomía y la autoridad moral de las autoridades electorales no solo son deseables, sino perfectamente posibles.
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Las reformas legales de esa época, como la Ley Electoral 1246 de 1991, establecieron principios clave: la inapelabilidad de las resoluciones electorales, la preclusión de resultados y el control de legalidad sobre los procesos internos de los partidos. Estos mecanismos consolidaron la independencia y legitimidad del organismo electoral
La credibilidad del TSE: piedra angular de la democracia
En toda democracia, la autoridad electoral del organismo es piedra angular para la gobernabilidad y la paz social. Bolivia lo sabe bien: la turbulenta crisis postelectoral de 2019 dejó heridas abiertas y, sobre todo, una profunda desconfianza ciudadana hacia el sistema electoral. Las denuncias de fraude, la intervención de terceros y la violencia que se desató hacen que hoy más que nunca la población observe con lupa cada decisión del TSE. Ahora, cuando el país se apresta a votar, la institución debe responder no solo como administrador técnico del proceso, sino como garantía activa de la voluntad popular.
La Ley Nº 026 del Régimen Electoral (modificada en 2022) establece en su artículo 7 que el Tribunal Supremo Electoral “es un órgano autónomo, técnico y con independencia funcional, que garantiza la transparencia y legalidad de los procesos electorales”. No obstante, el cumplir con este principio constitucional no ha sido sencillo, sobre todo cuando el clima político está enrarecido.
Independencia del TSE: ¿un bien escaso?
Uno de los retos más evidentes y alarmantes es la percepción —que ya es realidad para muchos sectores— de que el Tribunal carece de la autonomía necesaria para funcionar libremente. Las voces críticas provienen tanto de la oposición, fragmentada pero vigorosa, con candidatos como Manfred Reyes Villa, Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, como de amplios sectores de la sociedad civil y analistas independientes. La acusación común es que el TSE está influenciado por los intereses políticos del Movimiento Al Socialismo (MAS), partido gobernante.
El politólogo boliviano, Dr. Gonzalo Quispe, afirma en un reciente análisis para La Razón: “La independencia del TSE es fundamental para que los ciudadanos se sientan representados; sin embargo, al estar inmerso en la dinámica de un MAS fragmentado y disputado, el Tribunal parece ser rehén de esas tensiones, lo que debilita su autoridad objetiva”.
La división interna del MAS —que enfrenta una contienda paralela entre el presidente Luis Arce, el Presidente del Senado Andrónico Rodríguez y el expresidente Evo Morales— hace que las decisiones electorales parezcan también campo de negociaciones y enfrentamientos internos. Desde la habilitación o inhabilitación de candidaturas hasta la aprobación de reglamentos, el proceso ha sido observado con recelo, minando la imagen del ente electoral.
La sombra del fraude de 2019 aún persiste
Aunque el TSE ha implementado mejoras en sistemas de conteo, auditorías y seguridad electoral, el estigma del fraude de 2019 no se ha disipado. Los cambios técnicos y normativos —si bien necesarios y positivos— no bastan para alejar la desconfianza profunda. La memoria colectiva amplifica cualquier error o irregularidad, convirtiendo incluso pequeñas fallas en motivos de alarma social.
El artículo 62 de la Ley Electoral establece la obligatoriedad de auditorías previas, paralelas y posteriores al sufragio para certificar la transparencia, pero la ciudadanía exige no solo el cumplimiento formal sino una demostración tangible y constante de imparcialidad. El politólogo y académico universitario, Dr. Arturo Villavicencio, apunta: «El TSE debe blindar y comunicar con absoluta transparencia cada etapa para recuperar la confianza. Sin esa legitimidad, la gobernabilidad queda en entredicho».
La transparencia ya no puede ser una promesa ni un ideal: debe ser una práctica diaria. La observación nacional e internacional adquiere relevancia crucial para que el proceso sea claro, accesible y verificable. Además, la alta injerencia del Órgano Ejecutivo sobre las autoridades electorales —ya evidenciada en elecciones pasadas bajo la administración Morales— aún genera dudas sobre la real autonomía del TSE.
Responsabilidad y conducta de los vocales electorales
Un factor que ha agravado la crisis de confianza es el comportamiento de algunos vocales electorales. En un intento por demostrar transparencia y presencia pública, varios miembros del TSE han adoptado un perfil comunicacional excesivamente activo, opinando sobre temas políticos o detalles del proceso.
Lejos de calmar incertidumbres, esta sobreexposición ha resultado contraproducente. La naturaleza del cargo exige prudencia, discreción y una voz institucional unificada. Como recuerda el artículo 14 de la Ley 026, los miembros del TSE “deben preservar la ética, objetividad y la neutralidad política en el ejercicio de sus funciones”.
Ricardo Paz señala: «La imparcialidad no solo se sostiene con acciones, sino también con la percepción pública. Los vocales deben ser árbitros y no actores políticos. Su comunicación debe ser institucional y mesurada».
Un llamado urgente por transparencia y ejemplaridad
En las semanas decisivas previas a la elección, el Tribunal Supremo Electoral debe redoblar esfuerzos para recuperar y consolidar la confianza ciudadana. Esto implica:
- Comunicar con claridad y sencillez:Explicar las decisiones adoptadas, con fundamentos legales transparentes y accesibles para todos los sectores sociales.
- Abrir el proceso a supervisión plural:Garantizar la presencia efectiva y sin restricciones de observadores nacionales e internacionales, como establece el artículo 13 de la Ley Electoral.
- Reafirmar el compromiso con la imparcialidad:Demostrar que ninguna presión política interviene en su actuar, respetando la autonomía funcional reconocida en la Constitución.
- Promover cohesión interna y profesionalización:Asegurar que la conducta pública de los vocales se ciña estrictamente a la ética y neutralidad que exige el cargo.
Bolivia en la encrucijada
La elección de agosto definirá el rumbo inmediato del país. El TSE tiene en sus manos no sólo un proceso técnico sino una responsabilidad histórica: conducirlo bajo principios democráticos, garantizando que la voluntad popular se exprese libre y legítimamente.
Como sintetiza la jurista de derechos electorales, Dra. María Teresa Flores: «La legitimidad electoral no se hereda, se construye día a día con transparencia, independencia y comunicación efectiva. El desafío del TSE es demostrar que puede superar fantasmas del pasado para ser el verdadero garante democrático que Bolivia necesita».
La urgencia es máxima, el camino estrecho y la cuenta regresiva inevitable. Pero aún existe la oportunidad para que el Tribunal Supremo Electoral recupere la confianza, disipando sombras y entregando un proceso justo que renueve la esperanza democrática en Bolivia.