La minería estatal de Bolivia se ha convertido en uno de los temas más sensibles en los programas de gobierno de los principales partidos políticos de cara a las elecciones generales del 17 de agosto
Fuente: ANF / La Paz
Con las elecciones generales programadas para el 17 de agosto, la minería estatal se ha convertido en uno de los temas más sensibles en los programas de gobierno de los principales partidos políticos. Aunque las propuestas varían en profundidad y enfoque, existe una coincidencia general: la necesidad de auditar, transparentar y reestructurar las empresas públicas del sector minero, hoy afectadas por ineficiencia, politización y falta de resultados sostenibles.
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Alianza Popular (AP), liderada por Andrónico Rodríguez, plantea una visión nacionalista y de fortalecimiento del rol estatal. Su propuesta estrella es la creación de una Nueva Empresa Estatal Estratégica de Minería y Metalurgia, como eje de una “industrialización soberana” que controle toda la cadena minera y metalúrgica, desde la extracción hasta la exportación con valor agregado.
En una línea similar pero más detallada, Morena, la alianza que postula a Eva Copa, propone una estructura más técnica y descentralizada. Además de industrializar los minerales, plantea crear una empresa pública estratégica para controlar la comercialización del oro y evitar el contrabando, generando reservas en el Banco Central. Su plan incluye auditorías técnico-financieras, despolitización administrativa, directorios técnicos con control social y publicación trimestral de estados financieros auditados.
Por su parte, el Partido Demócrata Cristiano (PDC), con Rodrigo Paz Pereira como candidato, parte de un enfoque general de sostenibilidad fiscal. Su plan contempla congelar actividades de empresas públicas deficitarias y reestructurar Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). El desarrollo minero, afirma, debe ser equilibrado y respetar los derechos indígenas y el medioambiente.
Alianza Unidad, liderada por Samuel Doria Medina, adopta una posición pragmática: las empresas públicas que no generen utilidades ni puedan pagar préstamos serán cerradas, pero se mantendrán y transformarán aquellas consideradas estratégicas, como YLB, Vinto y Huanuni. La apuesta es por su institucionalización y profesionalización bajo criterios meritocráticos, y se propone una cogestión del litio con gobiernos subnacionales mediante Consejos Técnicos.
La propuesta minera de Doria Medina también incluye una auditoría integral a la AJAM (Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera), Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales) y Sergeomin (Servicio Geológico y Minero), instituciones clave para la regulación del sector. Además, plantea una nueva Ley de Minería que eleve las regalías al 11%, y promueve asociaciones con empresas globales para desarrollar tierras raras y otros minerales críticos, con transferencia tecnológica.
El modelo más liberal lo presenta APB-Súmate, la coalición que postula a Manfred Reyes Villa. Su programa propone una “Transformación Profunda” del aparato estatal, con cierre de empresas públicas deficitarias, privatización selectiva y alianzas público-privadas. Para el litio, plantea una Ley Marco con incentivos para atraer inversión extranjera, incluyendo contratos de venta anticipada (offtake agreements).
La minería tradicional también es parte de su agenda: reformar el Código Minero, apoyar a las cooperativas, promover empresas de economía mixta y facilitar préstamos de fomento. El Estado, en este modelo, pasa de operador a facilitador estratégico, enfocándose en atraer capital privado y garantizar seguridad jurídica.
En contraste, el MAS-IPSP, cuyo candidato es Eduardo del Castillo, reivindica el papel central del Estado. Su programa ratifica la política de industrialización soberana del litio y promete consolidar los complejos productivos existentes. También propone alianzas internacionales integrales —pero bajo control estatal— y ampliar el número de plantas industriales. Las empresas públicas, indica, serán fortalecidas y capitalizadas, sin perder su carácter estatal.
A diferencia de los modelos que promueven privatizaciones o cogestión, el MAS sostiene una visión redistributiva: los excedentes mineros deben beneficiar al conjunto de los bolivianos, con respeto a las comunidades y a los ecosistemas. Además, busca asociaciones directas entre Estado y comunidades para operar industrias.
Una propuesta disruptiva es la de Alianza Libertad y Democracia, liderada por Jorge “Tuto” Quiroga. El exmandatario plantea un modelo de “Propiedad Popular”, donde los ciudadanos bolivianos reciban acciones de empresas estatales como COMIBOL, ENAF o YLB, con un valor inicial estimado de 1.500 dólares. Estas acciones no serían transferibles al inicio, pero generarían dividendos y podrían usarse como garantías para créditos.
El modelo también contempla auditorías previas a la entrega de acciones, y la posibilidad de vender, cerrar o entregar a trabajadores aquellas empresas que no sean rentables ni cumplan una función necesaria. En minería, el programa busca atraer inversiones con un sistema impositivo competitivo y flexible, manteniendo el rol regulador del Estado.
Las coincidencias entre los programas son notorias: todos los partidos coinciden en la urgencia de realizar auditorías integrales a las empresas mineras estatales. Además, la despolitización y profesionalización de la gestión aparece como una demanda transversal, junto con mecanismos de transparencia y control social.
Otra coincidencia es el reconocimiento del potencial del litio como motor económico. Sin embargo, las vías para desarrollarlo difieren. Mientras el MAS y AP privilegian alianzas bajo control estatal, Alianza Unidad y APB-Súmate proponen esquemas mixtos o privados, con mayor apertura al capital internacional. Libertad y Democracia, en cambio, sugiere convertir a los ciudadanos en accionistas del recurso.
También hay diferencias marcadas respecto al destino de las empresas públicas tradicionales como COMIBOL, Huanuni o Vinto. Mientras el MAS y Alianza Unidad apuestan por su recuperación estratégica, APB-Súmate y Libertad y Democracia no descartan su cierre o privatización si no son rentables.
Otro punto de divergencia es el papel del Estado: desde una visión soberanista e intervencionista (MAS, AP, Morena), pasando por modelos mixtos (Alianza Unidad, PDC), hasta propuestas de retiro progresivo del Estado como productor directo (APB-Súmate, Libertad y Democracia).
En un país donde la minería ha sido históricamente fuente de riqueza, pero también de conflictos y desigualdades, las elecciones del 2025 representan una oportunidad para rediseñar el papel del Estado en uno de los sectores más estratégicos de la economía boliviana.
