La Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO) denunció la existencia de supuestas redes de extorsión que, instrumentalizando los decretos departamentales en el área minera, generan zozobra a las empresas comercializadoras que operan en el departamento.
Fuente: https://lapalabradelbeni.com
La información fue brindada en conferencia de prensa por el asesor externo de la FEPO, Jaime Cuellar, quien dio cuenta de que estos hechos ya fueron denunciados ante el Ministerio Público, el Ministerio de Transparencia, el Ministerio de Minería y el Gobierno Autónomo Departamental de Oruro (Gador). Estos siguen en proceso en el poder judicial.
“Hemos denunciado en su momento que nuestros empresarios han sufrido el acoso de una red de extorsión por exfuncionarios de la gobernación y el Senarecom (Servicio Nacional de Registro y Control de Comercialización de Minerales y Metales). Esto está en el Ministerio Público; incluso el gobernador Johnny Vedia se hizo presente como parte afectada. Esto se gestionó instrumentalizando los Decretos Departamentales emitidos por la Gobernación”, mencionó el abogado.
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Por su lado, la presidente de la FEPO, Jill Peñafiel, manifestó que se ha presentado, en coordinación con el diputado Enrique Urquidi, un recurso de inconstitucionalidad al convenio suscrito entre el Senarecom y la gobernación, por tener vicios de fondo y forma, transgrediendo competencias y atribuciones.
La empresaria respaldó la Resolución de Directorio 004 de Senarecom, que modifica el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS), que establece una reducción en las tarifas de multas y sanciones. “Se trata de una estandarización al tema de multas por sanciones e infracciones, para nosotros más equilibrada, técnica y acorde a la realidad del sector minero privado”, explicó.
Además, ratificó su compromiso con el cumplimiento de la ley y la voluntad de trabajar de manera coordinada con las autoridades departamentales y todos los actores mineros para informarse adecuadamente sobre la modificación del RIS, y que cada quien asuma la responsabilidad de trabajar por una minería pujante y sostenible.
Por otro lado, Cuellar aseguró que todos los problemas radican en el convenio de competencias que suscribieron entre el Senarecom y la gobernación, afectando en gran medida al sector privado que paga impuestos, regalías y patentes.
“Lamentamos que se quiera desinformar. La modificación del RIS no afecta la recaudación de regalías mineras; solo es una estandarización al tema de sanciones por infracciones, cuyo destino de esos montos se desconoce”, explicó el asesor legal.