El Gobierno Departamental advierte que el pago pone en riesgo otros programas sociales y exige que el Gobierno nacional asuma la responsabilidad. Los trabajadores no descartan acudir a instancias legales
El conflicto entre el sector salud y la Gobernación de Tarija volvió este martes con una marcha y un paro de 24 horas. La exigencia, el pago del “bono vacunación”, un beneficio social que debió haberse cancelado el pasado 6 de julio, pero que hasta la fecha no fue desembolsado. La movilización se hizo sentir en las calles y llegó hasta las puertas de la Gobernación, donde los trabajadores reclamaron lo que consideran un derecho legítimo. Sin embargo, el nivel departamental se defendió indicando que no tienen recursos.
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El ejecutivo del Sindicato de Trabajadores en Salud, quien encabezó la medida de protesta, Omar Velásquez, lamentó que la autoridad departamental no cumpla con la normativa legal, de un derecho adquirido desde hace más de 30 años.
El dirigente denunció que las condiciones laborales del sector salud siguen siendo precarias y que, a pesar de no estar amparados por la Ley General del Trabajo, los trabajadores han mantenido con esfuerzo el funcionamiento del sistema de salud público en el departamento. En ese contexto, refirió que el bono se convierte en una forma de compensación por el trabajo realizado, especialmente durante la pandemia y sus secuelas.
Manifestó que no van a permitir que la Gobernación pretenda conculcar este derecho. Agregó que son 14 sindicatos los que están en pie de lucha, representando a más de 1.600 trabajadores, y que están dispuestos acudir ante las instancias legales para defender este beneficio.
La respuesta: no hay dinero
Desde la Gobernación, la respuesta fue que no hay recursos suficientes. La secretaria de Desarrollo Humano, María Lourdes Vaca, explicó que el pago del bono requeriría 8 millones de bolivianos. Una cifra que representa el 40% del presupuesto departamental, esto tomando en cuenta que al mes reciben alrededor de 20 millones.
Vaca dijo que pagar este beneficio social implicaría afectar a otros programas esenciales, como las canastas alimentarias para personas mayores o con discapacidad.
La funcionaria reconoció que la actual administración de la Gobernación no está pudiendo cumplir con sus obligaciones, esto debido al contexto económico desfavorable, ya que las condiciones de hoy no son las mismas de hace 10 años.
En esa línea, pidió al sector salud tener “empatía” con la situación económica del nivel departamental.
Vaca insistió en que la responsabilidad del pago debería ser asumida por el Gobierno nacional, al considerar que se trata de un bono ligado a políticas sanitarias de alcance estatal.
El gobernador Oscar Montes ya había advertido semanas atrás que el bono vacunación era un compromiso difícil de cumplir. Alegó que no se cuenta con los fondos necesarios y que este tipo de beneficios deben ser sostenidos por el Gobierno Nacional.