La ANPB y la APSC advierten que el uso del aparato estatal para procesar al ciudadano Juan Carlos Villafuerte por opinar en redes sobre la crisis cambiaria vulnera la libertad de expresión y sienta un grave precedente para la democracia.
El joven cruceño fue aprehendido el martes. Foto: captura pantalla
Gremios periodísticos del país cuestionaron este miércoles la aprehensión del ciudadano Juan Carlos Villafuerte, quien grabó un video sobre el dólar que provocó que la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) lo acuse de difundir información falsa, lo que se constituye – dicen – en una clara vulneración al derecho a la libertad de expresión consagrado en la Constitución Política del Estado y en los tratados internacionales de derechos humanos.
La pasada jornada, el tiktoker de 20 años fue aprehendido al ser acusado de difundir información falsa relacionada a la coyuntura de los dólares. La ASFI lo acusa por el supuesto delito financiero de difusión de información falsa; sin embargo, su defensa asegura que Villafuerte lo que sostuvo en sus redes sociales es que el boliviano cada día valía menos y que recomendaba a la gente cambiar sus bolivianos a dólares.
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La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de Santa Cruz (APSC) expresaron su profunda preocupación por el uso del aparato estatal para amedrentar críticas difundidas en redes sociales, especialmente en torno a temas de interés público como la escasez de dólares y la devaluación del boliviano, causas que, según coinciden analistas y expertos, reflejan una realidad palpable.
Familiares del tiktoker protestan en la FELCC de Santa Cruz. Foto: captura pantalla Red Uno
Subrayan que el Villafuerte fue aprehendido sin citación previa, incluso con la amenaza de un posible traslado forzoso a La Paz, acción que vulneraría el debido proceso. Las instituciones de los periodistas observan también que la denuncia penal promovida por la ASFI cuestiona opiniones que circulan de forma abierta entre la ciudadanía, como la recomendación de cambiar bolivianos a dólares o invertir en criptomonedas, expresiones que la defensa de Villafuerte califica como legítimas percepciones de interés público.
“Asimismo, demandamos se investiguen las irregularidades señaladas por la defensa de Villafuerte, entre ellas la aprehensión sin citación previa y el intento de traslado forzoso a la ciudad de La Paz, lo que vulnera el debido proceso. Nos preocupa además la denuncia de presiones políticas adicionales por sus críticas a autoridades locales”, señala el comunicado emitido por ambas instancias, para luego advertir que la detención del ciudadano cruceño es un ‘precedente peligroso’ para toda la sociedad.
La madre de Juan Carlos denunció que intentan trasladarlo a La Paz. Foto captura pantalla Red Uno
Según el comunicado, la acción gubernamental abre la puerta a la penalización de voces independientes en plataformas digitales. Señalan que la ley utilizada –la Ley de Delitos Financieros– castiga de uno a diez años de prisión por difundir ‘información falsa, pero aclara que no incluye opiniones ni análisis verificables, las cuales son protegidas por la Constitución y tratados internacionales. Añade que, “este tipo de acciones sienta un precedente peligroso para el ejercicio de las libertades democráticas y constituye una señal de amedrentamiento contra la ciudadanía y los creadores de contenido digital”.
El abogado defensor de Villafuerte, Andrés Richter, denunció que el caso ya contaba con una resolución de rechazo previa y que la aprehensión fue una acción politizada con el propósito de marcar un ejemplo contra voces críticas en redes sociales. “Lo aprehendieron por un caso que ya había sido rechazado, con esta aprehensión, el mensaje es claro: si opinas sobre el dólar te van a castigar”, declaró el jurista.
La noche del martes, la madre de Villafuerte encabezó una vigilia frente a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz y denunció que su hijo fue interceptado por personas de civil, subido a un vehículo sin placas, trasladado a las celdas policiales e incomunicado. Calificó el hecho como un secuestro y rechazó su posible traslado a La Paz sin justificación ni notificación previa.
Al respecto, las asociaciones de periodistas repudian el uso de la ASFI como instrumento para silenciar opiniones críticas y exigen la liberación inmediata de Juan Carlos Villafuerte, el respeto al debido proceso, sin traslado forzoso ni detención arbitraria y que el Ministerio Público y el Órgano Judicial actúen con independencia, imparcialidad y apego constitucional. “Recordamos que el derecho a la libertad de expresión incluye el derecho a opinar, investigar y difundir información sin censura previa ni represalias”, resaltan.
Enfatizan que penalizar percepciones sobre hechos de dominio público –basadas en experiencias compartidas por millones de ciudadanos– debilita los pilares democráticos y coloca al país al borde de la censura digital. Este caso pone en evidencia la tensión entre regulación financiera y derechos fundamentales en Bolivia. La pregunta que circula ahora es si opinar sobre la economía en redes sociales será un delito, o seguirá siendo un derecho protegido.