La propuesta se considera un paso más en la represión mediante el endurecimiento del control estatal sobre el entorno digital. WhatsApp podría ser prohibido.
Fuente: Globo G1
El parlamento ruso aprobó el martes (22) una ley para multar a los usuarios que accedan a contenido en línea clasificado como «extremista». La medida se dirige principalmente a sitios web vinculados a la oposición o publicaciones sobre temas LGBTQIA+.
La propuesta se considera un paso más en la represión, reforzando el control estatal sobre el entorno digital. La medida fue aprobada por 306 votos a favor y 67 en contra.
La nueva ley prevé multas de entre R$220 y R$360 para quienes accedan deliberadamente a material en línea cuestionado por el Kremlin. El uso de VPN se considerará una circunstancia agravante.
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Aunque el gobierno afirma que la medida pretende combatir el fraude y los delitos digitales, los críticos señalan que la definición de «contenido extremista» es arbitraria y sirve para silenciar a los opositores.
Entre los objetivos ya clasificados como extremistas se encuentran el Fondo Anticorrupción del líder opositor Alexei Navalny, fallecido en 2024, y el movimiento LGBTQIA+. Las metaplataformas también están en la mira, y WhatsApp podría ser prohibido en el país.
«La gente no quiere esta ley», declaró el diputado Vladislav Davankov, del liberal Partido Nuevo del Pueblo. Sin embargo, el presidente de la Duma Estatal, Vyacheslav Volodin, defendió la medida como una forma de proteger al país de las plataformas occidentales «en manos de naciones hostiles».
El texto pasará ahora al Senado ruso y, si se aprueba, será convertido en ley por el presidente Vladimir Putin.
‘Agentes extranjeros’
En los últimos años, el gobierno ruso ha adoptado una serie de medidas para restringir el acceso a la información. Plataformas como YouTube, Facebook y Twitter han sido bloqueadas o severamente limitadas, con el pretexto de proteger la seguridad nacional y combatir la influencia extranjera.
Además, varios medios de comunicación independientes, pero también asociaciones y organizaciones no gubernamentales, fueron etiquetados como “agentes extranjeros”, lo que impuso severas restricciones jurídicas y financieras, llevando a muchos a cerrar sus actividades o a operar en el exilio.
Organizaciones vinculadas a la oposición, como el Fondo Anticorrupción de Alexei Navalny, han sido prohibidas y clasificadas como extremistas, lo que dificulta aún más el acceso del público a fuentes alternativas de información.