Provea exigió a la dictadura de Nicolás Maduro liberar “inmediatamente a todas estas personas, garantizar juicios justos, el contacto con familiares y asistencia legal”, así como “cumplir con sus obligaciones internacionales”.
Fuente: Infobae
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La ONG Provea aseguró este jueves que al menos cinco defensores de derechos humanos están “encarcelados injustamente” en Venezuela y exigió al Estado liberar “inmediatamente a todas estas personas, garantizar juicios justos, el contacto con familiares y asistencia legal”, así como “cumplir con sus obligaciones internacionales”.
A través de su cuenta en X, la organización recordó el caso de Rocío San Miguel -detenida en febrero de 2024 y acusada de “terrorismo y traición a la patria”-, quien, subrayó, “exigía rendición de cuentas al poder militar desde 2005 con Control Ciudadano”, la ONG en la que es presidenta.
De igual forma, Provea destacó que Javier Tarazona, director de Fundaredes, alertó sobre “grupos armados en la frontera (de Venezuela con Colombia) y documentaba abusos contra docentes”. Fue detenido en julio de 2021 “tras denunciar amenazas”, añadió.
Además, mencionó a su abogado Eduardo Torres, quien “defendía a trabajadores y presos políticos hasta su desaparición forzada en mayo de 2025”.
“Su reclusión en El Helicoide (la sede en Caracas del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin) fue confirmada tras ocho días de presión. Desde entonces, permanece aislado”, alertó.
Por su parte, Kennedy Tejeda, abogado de la ONG Foro Penal, fue arrestado el 2 de agosto de 2024 en el estado Carabobo (norte) “tras intentar brindar asistencia legal”, según Provea.
“Pasó 20 horas desaparecido y fue trasladado a la sede de la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) sin acceso a abogados”, añadió.
Por último, Provea mencionó a Carlos Julio Rojas, detenido el 15 de abril de 2024, quien permanece en el Helicoide acusado de “terrorismo y magnicidio”.
“Todos han enfrentado procesos judiciales sin garantías: detención arbitraria, incomunicación, aislamiento y falta de acceso a justicia. El Estado venezolano incumple su obligación de respetar el debido proceso y el derecho fundamental a defender derechos”, denunció.
Provea recordó que el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, hizo un llamado la semana pasada por la liberación “inmediata e incondicional” de estas personas, “alertando que sus casos reflejan un patrón de persecución y represión contra quienes ejercen la defensa de los derechos”.
“Además, advirtió que muchas personas detenidas por motivos políticos enfrentan desapariciones forzadas, aislamiento, incomunicación, y ausencia de atención médica, asistencia consular y garantías judiciales”, señaló la organización.
En Venezuela hay 934 presos políticos, según Foro Penal. Sin embargo, tanto el dictador Nicolás Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya detenidos por motivos políticos, sino que aseguran cometieron diversos delitos, afirmaciones rechazadas por ONG y partidos opositores.
La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el chavismo, declaró esta semana ‘persona non grata’ a Türk, y a los miembros de su oficina, al acusarlo de guardar silencio sobre los 252 migrantes “secuestrados” en El Salvador y los 18 menores de edad “retenidos” en Estados Unidos.
El secretario general de la ONU, António Guterres, expresó este miércoles “plena confianza” en su alto comisionado.
“El secretario general tiene plena confianza y pleno respeto por el trabajo del Sr. Türk como alto comisionado para los derechos humanos. Anima a todos los Estados miembros a cooperar con la oficina de la ONU para los derechos humanos (Acnudh)”, dijo a EFE su portavoz, Stéphane Dujarric.
(Con información de EFE)