El presidente cuestiona la falta de respuestas judiciales a las masacres de Senkata y Sacaba, calificadas por el GIEI como crímenes de lesa humanidad. El pronunciamiento coincide con la revisión de las detenciones de Jeanine Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.
37 personas fallecieron en Senkata y Sacaba. Foto: AFP
En un mensaje difundido en su cuenta de X (antes Twitter), el presidente Luis Arce recordó los casi seis años de los sucesos que enlutaron al país en noviembre de 2019 y apuntó contra la justicia por mantener una deuda pendiente con las víctimas de Sacaba y Senkata; según el mandatario, no es correcto e indigna al país en su conjunto que esos crímenes de lesa humanidad no reciban el debido tratamiento parte de los operadores de justicia, quienes hasta la fecha no dieron un fallo contundente.
Asimismo, el mandatario expresó su solidaridad con las familias de los fallecidos en los conflictos poselectorales de ese año y exigió a los operadores de justicia actuar de manera objetiva. «A seis años de los trágicos acontecimientos que enlutaron a nuestra nación, observamos con profunda preocupación que la justicia para las víctimas de 2019 sigue siendo una deuda pendiente. El dolor de los padres, madres, hermanos e hijos que continúan llorando a sus seres queridos es una carga que exige una respuesta”, escribió
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“Resulta incomprensible e indignante que crímenes de lesa humanidad, reconocidos como masacres por organismos internacionales como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no reciban el debido tratamiento judicial. En ese contexto, y con absoluto respeto a la independencia de poderes, hacemos un llamado a los operadores de justicia para que su labor se guíe por la verdad y la objetividad, priorizando siempre la dignidad de las víctimas. Ellas merecen determinaciones justas y oportunas”, añadió.
En noviembre de 2019, tras la renuncia de Evo Morales, estalló una ola de protestas y represión militar y policial que dejó al menos 37 muertos y más de 500 heridos en Sacaba, municipio colindante con la ciudad de Cochabamba y Senkata, en el distrito 8 de El Alto. El GIEI, en su informe de 2021 sobre esos acontecimientos, calificó estos hechos como masacres y graves violaciones de derechos humanos. Hasta la fecha, no existen sentencias contra los responsables materiales o de mando de esas muertes.
Si bien la expresidenta Jeanine Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión en 2022, la condena se refiere a su asunción como presidenta considerada ilegal por los delitos de ‘incumplimiento de deberes’ y ‘resoluciones contrarias a la Constitución’. Las supuestas ilegalidades fueron cometidas al asumir la presidencia interina de Bolivia en 2019, luego de la renuncia de Evo Morales, en un hecho considerado por el Movimiento al Socialismo (MAS) como un ‘golpe de Estado’. La exmandataria fue juzgada sin ningún tipo de inmunidad, pero su caso ahora es objeto de revisión.
El GIEI determinó que hubo graves violaciones a los derechos humanos en 2019. Foto: El Deber
El mensaje de Arce se produce también en medio de la controversia que provocó en círculos oficialistas el Instructivo N°18 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que ordenó revisar las detenciones preventivas de Áñez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, acusados por los hechos que derivaron en la crisis de 2019. Pumari y Camacho, detenidos preventivamente desde 2021 y 2022, fueron beneficiados este martes con libertad plena y medidas sustitutivas, respectivamente.
En consecuencia, Arce Catacora clamó porque se dé justicia a las víctimas de los sucesos de Senkata y Sacaba, tal cual se procede con la situación de la exmandataria y los excívicos. “Por el respeto a la humanidad, por la dignidad de las familias afectadas, reafirmamos nuestro compromiso de honrar la memoria de quienes partieron y de acompañar a quienes aún claman por justicia ¡memoria, verdad y justicia!», subrayó.