El consejero Carlos Spencer afirma que esa instancia determinó la revisión de todos los procesos en los nueve departamentos del país, porque el problema atinge a miles de privados de libertad con detención preventiva fuera de plazo.
eju.tv / Video: DTV
Tras haber instruido la revisión de todos los casos con detención preventiva en el territorio nacional, el Consejo de la Magistratura advirtió con severas sanciones a los administradores de justicia que hayan incurrido en actos de retardación de justicia, una vez se conozca el detalle proporcionado por los tribunales departamentales de Justicia (TDJ), afirmó el representante de esa instancia Judicial, Carlos Spencer.
Esa instancia instruyó a los nueve TDJ del país iniciar de oficio una revisión de todos los casos en todo el territorio nacional, con el objetivo de identificar posibles irregularidades o demoras injustificadas en los procesos judiciales. En principio, el pasado viernes, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se abocó a los juicios considerados políticos que se siguen a la expresidenta Jeanine Áñez y los exlíderes cívicos Marco Antonio Pumari y Luis Fernando Camacho.
El consejero cuestionó también la determinación inicial del TSJ, porque “la revisión no puede ser solo para tres personas. Todos deben ser sometidos a revisión», señaló. Asimismo, subrayó que la retardación de justicia será sancionada y que, una vez concluidas las revisiones, se determinará si algunos operadores de justicia deben ser sometidos a procesos disciplinarios por haber incumplido con los plazos que establece la ley.
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Foto: captura de pantalla
“Para eso está el Consejo de la Magistratura, para velar por los derechos constitucionales que están vulnerados y podamos encaminarlos a través de un control efectivo de fiscalía y auditoría de los procesos que hayan superabundado los términos para dictar una sentencia condenatoria o absolutoria”, aseveró para después reconocer que existe una falencia en la atención de los casos de privados de libertad de todo el país”, puntualizó.
De acuerdo con los datos del director nacional del Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, más del 50 por ciento de los internos en las diferentes cárceles del país ya tiene vencido el tiempo de detención preventiva previsto por Ley. Al respecto, la autoridad judicial que, en atención a esos reclamos que se suscitan en los centros de rehabilitación del país, se coordinan acciones con el Ministerio Público y el TSJ para efectivizar la descongestión penitenciaria mediante la aceleración de los procesos con detención preventiva.
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“Limpias decía de 18 mil internos que hay en las cárceles del país, 4.500 a 5.000 han pasado ya los tres años con detención preventiva. ¿Se puede llegar a tanto? Evidentemente, nosotros tenemos información de que hay retardación de justicia en 32.000 procesos y a esos 32.000 procesos vamos a hacerle un levantamiento técnico y la auditoría correspondiente. Aquellos procesos que hayan concluido los tres años y un día vamos a determinar de quién es la responsabilidad, ya sea el Órgano Judicial, el Ministerio Público o las partes procesales”, remarcó.
Asimismo, apuntó a la falta de recursos como uno de los principales obstáculos para mejorar la administración judicial en Bolivia, debido a que la carga procesal impide la celeridad en el tratamiento de los casos; en consecuencia, estimó de suma urgencia la dotación de un mayor presupuesto para incrementar una mayor cantidad de jueces que se sumen a los 1.308 actuales, una cifra que consideró insuficiente para atender los casos que se presentan en los tribunales de todo el país.
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“No se le dio la importancia para poder darle un presupuesto justo al Órgano Judicial. Tenemos nosotros el 0.35 por ciento (del presupuesto anual), el cual no es suficiente para poder atender a toda la población, a todos los bolivianos para que nosotros podamos darle una celeridad, un impulso procesal a todos los privados de libertad y a todos los que se encuentran dentro de un proceso”, lamentó el consejero, además de reiterar la necesidad de contar con una mayor cantidad de autoridades jurisdiccionales para eliminar la retardación de justicia.
No obstante, resaltó las acciones que lleva adelante la Magistratura como la revisión extraordinaria de procesos penales dispuesta por ese cuerpo colegiado la pasada jornada con la finalidad de establecer si hubo el debido proceso y si los operadores de justicia cumplieron los tiempos procesales, de esa revisión se determinará si existen responsabilidades para las autoridades que hayan incurrido en incumplimiento de deberes.
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“De aquí para adelante, indicar a todos los ciudadanos bolivianos de que va a haber un control respectivo de todos los procesos. Aquí a nosotros no nos va a temblar la mano para poder sancionar a aquella autoridad jurisdiccional que ha podido cometer una falta disciplinaria o un delito penal. Para eso estamos, para eso hemos sido elegidos y vamos a cumplir la normativa, la ley 025 y la Constitución Política del Estado (CPE)”, destacó a manera de compromiso de la alta instancia judicial.