No se puede tapar el sol con un dedo: la crisis económica que atraviesa Bolivia es evidente. Día a día, los precios de productos esenciales aumentan, y llenar la despensa se ha vuelto una tarea cada vez más difícil para las familias. A esto se suma la escasez de combustibles, la falta de dólares, un corralito de facto, y el impacto negativo en sectores productivos y en el transporte. El país enfrenta un panorama de inestabilidad que golpea la vida cotidiana de millones.
Según un reportaje de El Deber del 11 de mayo de 2025, titulado “La informalidad crece en un 34,5% en 19 años de Gobierno del MAS”, Bolivia pasó de tener un 62,4% de informalidad laboral en 2005 al 84,2% en 2024, liderando el índice de empleo informal en América Latina. Esta cifra revela una dramática ausencia de empleo formal y la incapacidad del Estado para generar fuentes laborales sostenibles, a pesar del crecimiento de su aparato burocrático y la creación de empresas estatales, muchas de ellas deficitarias. Estas estructuras, lejos de resolver el desempleo, han favorecido a sectores afines al poder, marginando al resto.
El impulso estatal a empresas públicas ha derivado en monopolios que distorsionan la competencia y desincentivan la iniciativa privada. La imposición de precios, el aumento de impuestos y la excesiva regulación obstaculizan el emprendimiento y desalientan la inversión nacional y extranjera. Como consecuencia, los capitales se fugan y, peor aún, también lo hace el talento: jóvenes innovadores, emprendedores y profesionales optan por migrar o refugiarse en la informalidad. Es un capital humano desperdiciado.
Buda decía: “Hay tres cosas que no pueden ocultarse por mucho tiempo: el sol, la luna y la verdad”. Hoy, la verdad es inocultable: Bolivia está sumida en una crisis profunda. El modelo “Económico, Social, Comunitario y Productivo”, lejos de ser innovador, ha sido aplicado con resultados similares en otras partes de la región. La bonanza del pasado fue una oportunidad desperdiciada. Los recursos fueron mal gestionados, y el precio se paga ahora, con una economía estancada y bolsillos vacíos.
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Jeffrey D. Sachs, en su ensayo “Latinoamérica y el Desarrollo Económico Global” (1999), describía a América Latina como exportadora de materias primas e importadora de tecnología. Bolivia, tras 25 años del siglo XXI, no ha cambiado ese patrón. A pesar del discurso sobre industrialización, el país sigue dependiendo del gas —recurso no renovable y en declive— y ya ha perdido el mercado argentino. Brasil pronto podría seguir el mismo camino, condenando a Bolivia a ser sólo un país de tránsito energético.
Sachs señalaba que esta dependencia se debía no solo a la geografía y recursos naturales, sino al escaso desarrollo del capital humano, producto de sistemas educativos deficientes y falta de democratización. En Bolivia, el modelo educativo actual no promueve ni la innovación ni el pensamiento crítico. El servicio de internet está entre los peores del mundo, y la tecnología nacional no tiene presencia internacional. Además, la institucionalidad democrática sufre una crisis que pone en entredicho sus tres pilares: la participación directa, representativa y comunitaria.
Sachs también advertía sobre los efectos del proteccionismo y el intervencionismo estatal en el siglo XX. Bolivia ya vivió una etapa similar, y los resultados fueron negativos. La crisis económica de entonces permitió el retorno del liberalismo económico a partir de 1982. Sin embargo, en los últimos años, la narrativa oficial ha culpado al neoliberalismo de todos los males, lo que ha llevado al país a reincidir en un modelo estatista con promesas incumplidas de industrialización y equidad.
Gustavo Fernández Saavedra, en su análisis del contexto boliviano post Segunda Guerra Mundial, explicaba cómo el Estado intervenía directamente en el circuito productivo, con altos niveles de control, proteccionismo, empresas estatales y distorsiones en el mercado. El paralelismo con el modelo actual es evidente.
Hoy, dos agencias calificadoras internacionales, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, han rebajado la nota de Bolivia a CCC-, una señal alarmante. En términos prácticos, el país ha incrementado su deuda externa y se acerca peligrosamente al default. De no haber un cambio urgente en el rumbo económico, en 2026 Bolivia podría declararse oficialmente en impago.
¿Y qué implica un default? Mayor dificultad para acceder a financiamiento internacional, incremento del riesgo país, desconfianza externa, afectación interna y, sobre todo, la pérdida de credibilidad. Todo ello repercute directamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Como diría un reconocido economista, con tono sarcástico: “¡Así se maneja la economía… neoliberales!”.
Autor: Yuri Omar Valencia Linares. Comunicador Social y Abogado