La intervención de la Fiscalía el lunes y las pericias forenses en curso ahora buscan establecer si hubo negligencia institucional o encubrimiento previo. La Policía anunció que convocará a declarar a todo el personal del centro.
La directora de Atención Social Integral de la Alcaldía de La Paz, Rita Paredes, confirmó hoy (5) que tras una intervención al Hogar José Soria, se identificó a tres menores de edad de -seis, ocho y 10 años- que fueron bañados con agua fría como forma de castigo. El hecho fue descubierto luego de la valoración psicológica a 12 niños del centro, luego de una denuncia ciudadana.
“Se realizó la valoración psicológica de los 12 niños. La denuncia era hacia el lado del pabellón de varones, realizaron la valoración psicológica donde identificaron a los tres menores; nuestra área médica también ha ingresado, verificó que no existan lesiones visibles en el cuerpo de los niños”, explicó Paredes en entrevista con F10. La autoridad complementó que el castigo, aunque no frecuente, sí fue confirmado.
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La denuncia surgió de una transeúnte que, al pasar por el hogar, escuchó el llanto de los niños y lo reportó al canal RTP. Ese mismo día, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia desplegó a cuatro psicólogos y médicos para realizar la intervención inmediata. Como resultado, la educadora señalada como responsable fue alejada del hogar y la denuncia formal fue presentada ante el Ministerio Público.
“Los niños van a permanecer en el centro de acogida porque el día de ayer el Ministerio Público hizo la intervención, revisó la información y documentación de las personas que son parte del cuidado de los niños y van a permanecer en este hogar, resguardados y obviamente bajo las recomendaciones también de la Defensoría y el Ministerio Público”, informó Paredes.
El Hogar José Soria, bajo tuición de la Gobernación de La Paz, acoge a más de 24 niños y niñas de entre cuatro y diez años de edad. Muchos de ellos ya están institucionalizados debido a que no se encontró familia ampliada que pueda acogerlos. Algunos presentan condiciones especiales, como autismo, lo que demanda cuidados diferenciados.
Llama la atención que solo días antes, el 1 de agosto, la misma Defensoría y el Servicio Departamental de Gestión Social de La Paz (Sedeges) firmaron un acta en la que descartaban cualquier maltrato tras una inspección.
“Por parte de los técnicos se descartó la supuesta denuncia de violencia infantil”, dijo entonces la administradora del centro, Rosario Quinta Choque. Incluso afirmó que “aquí somos una familia unida”.
La intervención de la Fiscalía el lunes y las pericias forenses en curso ahora buscan establecer si hubo negligencia institucional o encubrimiento previo. La Policía anunció que convocará a declarar a todo el personal del centro.