Más allá de los casos de Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari, el Defensor del Pueblo ha recordado que en las cárceles de Bolivia hay 33.275 reos con detención preventiva
Por: eju.tv / Video: Que No Me Pierda
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ha señalado que se han cometido «abusos a través de la justicia» y ahora la premisa del Órgano Judicial es «que vuelva a ser independiente».
Explicó que en ese marco ordenó verificar el cumplimiento de los plazos de medida cautelar personal y de detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez, del gobernador Luis Fernando Camacho y del exdirigente cívico de Potosí Marco Antonio Pumari.
El objetivo es «acabar» con «los abusos» puesto que «ya no pueden existir jueces abusivos en nuestro país».
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«Lo que buscamos es lo que le hemos dicho al país durante todos estos meses, que la justicia vuelva a ser independiente y eso se muestra con acciones en concreto».
Dijo que «con el cierre de la Comisión 898, que nos tenía atados a una presidencia que la ejercía el Ministerio de Justicia, ayer (jueves) hemos cerrado esa comisión y hoy (viernes) emitimos este instructivo para que los jueces puedan aplicar como corresponde el derecho».
«Le estamos diciendo al país que se tiene que acabar los abusos, que ya no pueden existir jueces abusivos en nuestro país y la detención preventiva es la excepción, no es la regla», sostuvo.
En su criterio, «lastimosamente se la utilizó como regla cuando se tiene nueve medidas cautelares personales antes que la detención para poder hacer uso y garantizar que una persona sea procesada y se someta a la investigación y se pueda defender con todas las garantías que establece el debido proceso».
Otros detenidos
Sin embargo, más allá de los citados tres casos, el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, les ha recordado a los operadores de justicia que en las cárceles de Bolivia hay 33.275 privados de libertad con detención preventiva, que también se encuentran a la espera de la revisión de sus procesos.
«A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación», publicó en sus redes sociales.
En la instrucción del Presidente del TSJ a los tribunales departamentales de justicia se establece un plazo de 24 horas para la revisión de los casos de Añez, Camacho y Pumari. Horas después se fijó una audiencia para revisar los caso de los dos últimos que se desarrollará el lunes.
Para Callisaya, «garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas».