Arraya dijo que es un tema que amerita una reflexión sobre la administración de justicia, por lo tanto, se deberá revisar todos los actuados y, especialmente, los fundamentos que llevaron a este resultado en un proceso que duró tanto tiempo y en el que se registraron víctimas fatales.
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La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, manifestó este martes que se debería realizar una revisión y auditoría judicial para verificar todos los actuados y fundamentos que llevaron al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) a anular el juicio penal ordinario contra el exprefecto de Pando, Leopoldo Fernández, por el caso Porvenir, y derivar el proceso a un juicio de responsabilidades. En ese sentido, sostuvo que la pérdida de vidas humanas debe ser sancionada para sentar precedentes en el país y garantizar que hechos similares no queden impunes.
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“Debería existir una revisión, una auditoría judicial del proceso para verificar todos los procedimientos que se han seguido. Sin embargo, más allá de esto, esperaríamos primero una posición de parte del Ministerio de Justicia y de las instancias competentes, especialmente del Ministerio Público, respecto a la cantidad de pruebas que se presentaron y el resultado que hemos tenido con relación al fallo emitido por el juez en este caso», indicó la autoridad, consultada sobre el tema.
Dijo que es un tema que amerita una reflexión sobre la administración de justicia, por lo tanto, se deberá revisar todos los actuados y, especialmente, los fundamentos que llevaron a este resultado en un proceso que duró tanto tiempo y en el que se registraron víctimas fatales.
«Ustedes recordarán el caso de Porvenir, donde hablamos de personas que perdieron la vida en un momento de crisis política y social muy grande en el país. La pérdida de vidas humanas siempre debe ser procesada y sancionada, principalmente para sentar precedentes en nuestro país», insistió.
La posición de Arraya se da luego que se conoció que el presidente de la Sala Penal del TSJ, Carlos Ortega, informó que este alto tribunal declaró nulo el proceso ordinario contra Fernández, acusado de homicidio por el caso que se denominó “Masacre de Porvenir”. La decisión se basó en que el exprefecto fue juzgado por la vía ordinaria sin que se respetara su fuero especial como exautoridad departamental.
Con la resolución, los antecedentes del caso fueron remitidos a la Fiscalía General del Estado para que se inicie un procedimiento de juicio de responsabilidades. Fernández había sido condenado en 2017 a 15 años de prisión, junto a otras 13 personas, por el enfrentamiento ocurrido en septiembre de 2008 en la población de Porvenir, donde perdieron la vida 15 personas.