Con la catastrófica derrota del MAS y sus vertientes, las sanciones judiciales a Evo Morales y una oposición dividida, Bolivia entra en una etapa definitoria donde lo económico, lo político y lo institucional se mezclan en un escenario de alta incertidumbre.
Evo Morales y Luis Arce cuando aún eran sólidos aliados. Foto: BBC
El país vive una encrucijada política tras los resultados de las elecciones de agosto de 2025, marcada por una crisis económica estructural, la más severa después de cuatro décadas de una relativa estabilidad económica que tuvo su corolario desde la primera gestión de Evo Morales Ayma, el año 2006, cuando el país se benefició de una situación de bonanza nunca experimentada con anterioridad. Los altos precios de los hidrocarburos y de las materias primas confluyeron de manera positiva a la economía del país.
Sin embargo, en lugar de garantizar la sostenibilidad de ese momento propicio, el Movimiento al Socialismo (MAS) se enfrascó en una vorágine del gasto público, se incrementó el aparato burocrático, se incrementaron las rentas como política redistributiva y se perdió, dicen los analistas, catorce años de ingentes ingresos que podrían haber diversificado la matriz económica y productiva del país. Ya en la última etapa que corresponde al gobierno de Luis Arce, la falta de previsión ahondada por el agotamiento de los recursos energéticos cobró factura.
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En lo político, el otrora poderoso partido azul vivió una degradación acelerada que provocó su disolución al punto de haber quedado prácticamente borrado del mapa político. La fortuna permitió que el MAS mantenga la sigla que fue hegemónica por más de dos décadas en el espectro político. La determinación de Evo Morales de hundir al bloque de izquierda en los comicios de agosto y ratificar con el porcentaje del voto nulo que continúa como el máximo decisor del proceso de cambio le brindó una victoria agridulce frente a sus contestatarios.
Esa división dentro del bloque gobernante del Movimiento al Socialismo (MAS) y una oposición que busca reconstruirse para disputar el poder terciaron en estos comicios. La dura derrota de Luis Arce en la contienda presidencial, revela tanto el agotamiento de su gestión que debilita aún más al gobierno frente a la ciudadanía. Los números son fatales, una de cada diez personas tienen una valoración positiva de la actual gestión.
Evo Morales cuando salió victorioso en 2005. Foto: BBC
Ese agotamiento se refleja en indicadores económicos poco alentadores: inflación creciente, reservas internacionales afectadas por la caída de ingresos del Estado, escasez de combustibles y dificultades para importar gasolinas, diésel y otros productos básicos. Las protestas por la crisis de combustibles y el transporte han tomado cuerpo en varias regiones. Hay un malestar social palpable, que no solo exige quejarse, sino respuestas contundentes y estructurales por parte del Ejecutivo.
Paralelamente, Morales, expresidente y personaje aún central en la política del país, se ha visto implicado en sanciones judiciales que le impiden legalmente aspirar nuevamente a la presidencia, lo que ha generado choques sociales, marchas y bloqueos en respuesta. Manifestantes critican lo que consideran una proscripción política y denuncian que el sistema judicial se utiliza como mecanismo de contención política.
Dentro del bloque popular, el cisma político es palpable: la pelea por liderazgos, la crítica de sectores internos al estilo de mando, y la pérdida de iniciativa política. Andrónico Rodríguez se perfiló como figura emergente y reclamó parte del espacio que alguna vez fue dominado casi sin cuestionamientos, por Evo Morales. Sin embargo, chocó con la dura realidad al obtener un resultado adverso.
Tuto Quiroga y Rodrigo Paz son los protagonistas del balotaje. Foto: Correo del Sur
En el frente opositor también hay reconfiguración. Alianzas que se perfilaban fuertes, como el Bloque de Unidad, cayeron producto de los apetitos personales, cuestionamientos sobre candidaturas únicas y sobre qué perfil debe tener quien aspire a dirigir un proyecto alternativo al MAS. En sectores ciudadanos crece la demanda de transparencia, anticorrupción y eficacia en políticas públicas, especialmente en materia económica y de servicios, como respuesta a años de promesas incumplidas.
La guerra sucia es otro de los elementos que irrumpió con fuerza en estos comicios y se agudizan de cara a la segunda vuelta. Los ataques abiertos y velados entre los binomios Paz-Lara y Quiroga-Ramírez han mostrado que el actual escenario no da lugar para el debate de propuestas, sino más bien para la diatriba y la agresión. Varios analistas y políticos consideran que el gran riesgo es que las posiciones entre ambas fuerzas se alejen al extremo de impedir la gobernabilidad al próximo gobierno.
El escenario crítico se cierra con varios riesgos inmediatos: incremento de la polarización social, posible estancamiento institucional si los poderes del Estado entran en disputa, y un contexto en el que la población está más dispuesta a la movilización social. Las protestas por combustible, salud, educación u otros servicios tienen mayor legitimidad ante muchos ciudadanos, pero también mayor posibilidad de volverse conflictivas si las autoridades no atienden las demandas de base ni garantizan diálogo.
La ALP será el escenario de los consensos o disensos.
Bolivia transita una fase decisiva. Las próximas semanas y meses definirán si esta coyuntura desemboca en una transición ordenada, en reformas estructurales reales o en una profundización del descrédito político, la división del sistema democrático y el deterioro económico. La ciudadanía y los actores políticos están obligados a decidir si se opta por un cambio de modelo, una renovación institucional profunda, o continuar replicando dinámicas que ya mostraron su desgaste.