Asimismo, señala que el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) no es un préstamo, sino que fue una herramienta de emergencia (swap de divisas), de desembolso acelerado, con condicionalidad acotada y costo financiero bajo, similar a las asignaciones recibidas en 2009 y 2021 y que fueron requeridos y utilizados por el gobierno boliviano.
El Colegio Nacional de Economistas de Bolivia (Coneb) emitió este martes un pronunciamiento sobre las supuestas irregularidades en un contrato de asistencia financiera tramitado a través del Banco Central de Bolivia (BCB), ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), de $us 327 millones, para la atención de las emergencias del Covid-19, en 2020, del que piden no politizar las decisiones técnicas que se asumieron. La institución aclaró que su postura se enmarca en la defensa de la independencia técnica y la institucionalidad económica, sin prejuzgar responsabilidades penales.
«En 2020, la economía boliviana enfrentó un shock exógeno sanitario y productivo sin precedentes. En estos escenarios, la buena práctica de política económica recomienda acceso oportuno a liquidez externa concesional para sostener el gasto prioritario, proteger ingresos y estabilizar el sistema productivo y financiero», señala parte del pronunciamiento del Coneb, entidad que tambien expresó su respaldo profesional a los economistas colegiados: Roger Alejandro Banegas Rivero, José Luis Parada Rivero, Walter Morales Carrasco y Carlos Schlink Ruiz.
Asimismo, señala que el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) no es un préstamo, sino que fue una herramienta de emergencia (swap de divisas), de desembolso acelerado, con condicionalidad acotada y costo financiero bajo, similar a las asignaciones recibidas en 2009 y 2021 y que fueron requeridos y utilizados por el gobierno boliviano. Este uso por parte de numerosos países en 2020, en el marco de la participación constitutiva de Bolivia como país miembro del FMI, fue una respuesta estándar de gestión de crisis. Resulta incongruente focalizar procesos solo en quienes ejercieron funciones en 2020.
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La Coneb enfatiza que el análisis técnico debió comparar el costo de la operación con el costo de no disponer de liquidez en plena crisis. La devolución anticipada de los recursos significó un riesgo cambiario y la pérdida de un financiamiento concesional poco frecuente en el país.
«Las decisiones económicas en emergencia se adoptan bajo criterios profesionales, con información disponible y restricciones del momento. Criminalizar decisiones técnicas erosiona la confianza, inhibe la toma de decisiones futuras y debilita la institucionalidad económica. Más aún, en un escenario en que se requieren fondos para gestionar la crisis, recuperar el crecimiento y sentar las bases para el desarrollo», señala en otra parte del documento.
Ante este hecho, la Coneb propone: conformar una mesa técnica independiente entre la Coneb, la Academia, el BCB y el Ministerio de Economía, para evaluar los recursos recibidos por el país; establecer un protocolo de financiamiento en contingencias, con umbrales, criterios de transparencia y métricas de salida, y publicar un informe técnico con recomendaciones que fortalezcan la resiliencia macroeconómica y la credibilidad de la política económica.
La posición de la entidad se da luego de que la defensa de los acusados planteó en pasadas horas que en el juicio por el caso del IFR del FMI, el proceso judicial sea declarado improcedente y se tramitar un juicio de responsabilidades.