En 2020, los entonces funcionarios viabilizaron a través de una carta de intención dirigida al FMI un préstamo que a la cotización equivalía a $us 327 millones.
eju.tv / Video: CTV
Un daño económico al Estado de 24,3 millones de dólares, tres condenados a cárcel y seis exfuncionarios absueltos es el saldo que dejó el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2020 y que fue devuelto por el Gobierno de Luis Arce.
«Se ha emitido una sentencia condenatoria para el señor José Luis Parada Rivero por ocho años de privación de libertad; para el señor Guillermo Aponte Reyes Ortiz se ha emitido sentencia condenatoria de cinco años de privación de libertad, y para el señor Walter Guzmán Tordoya se ha emitido pena condenatoria de un año de privación de libertad», explicó el fiscal Anticorrupción Ronald Jurado.
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La exautoridad y sus colaboradores fueron procesados por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado, a denuncia del Banco Central de Bolivia (BCB), que bajo la administración de Luis Arce devolvió los recursos entregados por el organismo internacional junto a un millonario interés.
«Con relación a los otros acusados, Carlos Schlick Ruiz, Luis Armando Pinel Siles, José Gabriel Espinoza, Walter Morales Carrasco, Roger Banegas y Cristian Morales, se ha emitido sentencia absolutoria», detalló el funcionario del Ministerio Público.
En 2020, los entonces funcionarios viabilizaron a través de una carta de intención dirigida al FMI un préstamo que a la cotización equivalía a 327 millones dólares, una operación que el Gobierno de Arce observó porque no contó con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El Ministerio Público precisó que la conducta antieconómica como resultado de los contratos lesivos al Estado causaron un daño económico estimado en 24,3 millones de dólares.
La Constitución establece que cualquier endeudamiento público debe pasar por la aprobación de la ALP y que este tipo de operaciones no puede llevarse a cabo de manera discrecional a nombre del Estado.