A lo largo del gobierno de Luis Arce, la certificación fue sistemáticamente rechazada, sin que hasta ahora el país logre cambiar la evaluación estadounidense.
Droga incautada en un operativo es expuesta en la FELCN. Foto: Ahora el Pueblo
Estados Unidos anunció hace unas horas que Bolivia, junto con Colombia, Venezuela, Afganistán y Birmania, ha sido oficialmente descertificada por no cumplir demostrablemente durante los últimos 12 meses con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales contra el narcotráfico y si bien reconoce ciertos avances en esa materia, cuestiona sobre todo que el país se haya convertido en un supuesto refugio de personas ligadas al negocio ilícito.
Como era de esperar, la determinación estadounidense tendrá implicaciones para Bolivia en el plano diplomático, económico y de imagen internacional, y muestra una continuidad en el trato con Washington que se mantiene inalterable desde la primera asunción de Evo Morales como primer mandatario. Esa historia fue muy ríspida y en algunos momentos incluso estuvo a punto de tener implicaciones aún más severas que las que acostumbra a ejecutar el gobierno de ese país a manera de castigo.
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Bajo las leyes estadounidenses, los países que son ‘certificados’ como cooperantes óptimos en lucha antidrogas tienen acceso a ayudas técnicas, fondos específicos para desarrollo alternativo, apoyo logístico, suministros, incluso asistencia militar o policial, en algunos casos. Al ser descertificado, el país ‘castigado’ queda sujeto a recortes o suspensión de esos recursos, lo que puede afectar proyectos ya en curso, aunque en el caso específico de Bolivia, estos proyectos son inexistentes desde la salida del apoyo de la cooperación norteamericana.
Donald Trump nuevamente invalida la lucha antidrogas en el país. Foto: AFP
Los estados que no pasan la prueba anual de quedan públicamente bajo sospecha de tolerancia o incapacidad frente al narcotráfico, lo que puede erosionar la confianza de inversores, organismos multilaterales, países socios, embajadas. Las negociaciones que requieren respaldo externo con organismos como naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), entre otros; pueden verse complicadas, porque las exigencias se incrementan.
La etiqueta de incumplimiento también genera presión ciudadana, mediática y de oposición al interior del país, en la coyuntura actual que vive Bolivia, este tema se exacerba por la serie de hechos acaecidos desde hace varios meses sobre la ‘protección’ para peces enormes del narcotráfico como el uruguayo Sebastián Marset, o el jefe del Primer Comando de la Capital (PCC), Sérgio Luiz de Freitas, quien vivió sin problema alguno en el país desde el año 2016. A ello, se suma los recientes casos de sicariato, que muestran que el territorio nacional se ha convertido en un espacio de disputa de esos grupos criminales.
Obviamente, en medio, se polariza aún más el debate sobre soberanía vs la necesidad de la colaboración extranjera para el combate eficaz antidrogas. Además de no poder acceder a las ayudas directas a esa lucha, una descertificación genera restricciones indirectas: advertencias para préstamos, para líneas de crédito internacional, para cooperación en seguridad, incluso afectar el clima de inversión extranjera. También puede usarse como argumento en sanciones diplomáticas, tal cual estuvo a punto de suceder en el gobierno del máximo líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba.
El exministro Eduardo del Castillo fue contestatario a la certificación antidrogas estadounidense. Foto: EFE
El Movimiento al Socialismo (MAS) tuvo una relación tensa con el gigante norteamericano, primero con Morales y en los últimos cinco años con su sucesor. Desde su llegada al poder en noviembre de 2020, bajo el mandato de Luis Arce, Bolivia ha sido sistemáticamente descertificada por EE.UU. en repetidas ocasiones. Tanto así que, en septiembre de 2023, la nación fue incluida nuevamente entre los países que ‘fallan demostrablemente’ en cumplir obligaciones antidroga bajo la legislación estadounidense.
En septiembre de 2024, otro memorándum del gobierno de EE.UU., bajo la administración de Joe Biden, volvió a descertificar la lucha antidrogas boliviana. El gobierno de Arce rechazó el contenido, calificándolo de ‘unilateral’, ‘injerencista’, carente de sustento técnico o científico. En cada ocasión, la actual gestión respondió con la denuncia de la medida y la defensa a rajatabla de su política antidrogas a la que califica como soberana. No obstante, se arroja logros bajo el control de organismos internacionales como la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
Por lo tanto, al igual que en las dos décadas del MAS, los últimos cinco años no muestran un periodo de certificaciones positivas bajo Arce, sino una continuidad de evaluaciones negativas por parte de EE.UU. Esta constante muestra que los criterios estadounidenses no consideran el discurso gubernamental para nada, sino datos como la expansión de los cultivos de coca, incautaciones, cooperación judicial, seguimiento fronterizo, etc., y hasta ahora la administración actual no ha logrado convencer a Trump de revertir la evaluación.
Colombia también ingresa en la lista de países descertificados. Foto: Washington Post/getty imágenes
En este último informe, a diferencia de las pasadas gestiones, Estados Unidos anunció la descertificación de Colombia como aliado en la lucha contra las drogas, al considerar que incumplió sus compromisos internacionales de control de estupefacientes durante el último año fiscal. Así, esa nación se unió a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial del gobierno de Donald Trump, han ‘fallado de manera demostrable’ con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico.
Revertir esta situación es una tarea pendiente para el próximo gobierno y exigirá a la nueva gestión algo más que declaraciones de soberanía: será necesario cumplir con estándares concretos que EE.UU. y organismos internacionales consideren válidos: medición transparente de cultivos de la hoja de coca, programa efectivo de erradicación o racionalización del arbusto, judicialización efectiva de los casos de tráfico, cooperación fronteriza e internacional, combate a la corrupción y al lavado de activos, con informes públicos verificables. Si no lo hace, la descertificación seguirá siendo un lastre y limitará la capacidad de acceder a la plena cooperación externa en lucha antidrogas y en seguridad.