El diputado arcista aseguró contar con evidencias contundentes contra el gobernador y advirtió que la suspensión beneficiaría temporalmente a Camacho.
El diputado del MAS, Rolando Cuéllar, denunciante en el caso del carro bombero, ha exigido hoy (1°) la pena máxima contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, tras la suspensión de la audiencia inicial del juicio oral programada para este martes. El legislador lamentó la postergación del proceso que atribuyó a la ausencia del representante del Ministerio Público.
«Nosotros lamentamos que se haya suspendido este juicio oral, el inicio, porque realmente nosotros como diputados fiscalizamos a una empresa fantasma que realmente le robó al pueblo cruceño. 1.700.000 bolivianos era la compra de un carro bombero, pero cuando nosotros hemos inspeccionado a la aduana, era una carreta que no valía ni cincuenta mil dólares, dijo Cuéllar ante los medios.
El diputado arcista aseguró contar con evidencias contundentes contra el gobernador y advirtió que la suspensión beneficiaría temporalmente a Camacho.
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«Nosotros vamos a pedir la pena máxima en este juicio, Luis Fernando Camacho, que no sea un caradura sinvergüenza. Hemos demostrado los elementos de prueba de que esta empresa tiene una sentencia ejecutoriada de treinta y cinco mil dólares, que no tenía una certificación de automotriz de vehículo. Con esta suspensión de audiencia le está dando tiempo a Camacho para que sea un mes más de gobernador, porque esperábamos hoy en este juicio sea sentenciado para que deje el cargo como gobernador», enfatizó Cuellar.
La audiencia fue suspendida minutos después de haberse instalado cuando el juez decidió aceptar la ausencia del representante de la Fiscalía, quien argumentó motivos de salud para no presentarse. Camacho, quien llegó al Palacio de Justicia alrededor de las 09:00, había afirmado antes de ingresar que la acusación «no tiene fundamento» y que es «una denuncia tirada de los pelos».
El caso carro bombero investiga la presunta compra irregular de un vehículo de bomberos durante la gestión de Camacho con una denuncia que alega sobreprecio y deficiencias en el proceso de adquisición. Mientras el gobernador asegura su disposición para demostrar su inocencia, el diputado Cuéllar mantiene su exigencia de máxima sanción penal.