El coronel Eloy Iván Rojas del Carpio, exdirector nacional de la FELCC, asegura que existen pericias que desmienten el uso de armamento policial y militar en parte de los incidentes, y deposita su esperanza en la ‘valentía’ de jueces que, afirma, comienzan a reencaminar la justicia en Bolivia.
eju.tv / Video: Radio Correo del Sur
El coronel de Policía Eloy Iván Rojas del Carpio, exdirector nacional de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y excomandante regional de El Alto, reapareció desde Chile, donde actualmente está en calidad de refugiado, para reiterar su versión sobre los hechos de Senkata ocurridos el 19 de noviembre de 2019, cuando varias personas fallecieron en el marco de las protestas ciudadanas por la dimisión de Evo Morales Ayma.
Rojas del Carpio recordó que, en esa jornada, durante la crisis postelectoral, al menos 10 personas perdieron la vida y otras decenas resultaron heridas tras el operativo conjunto de militares y policías en inmediaciones de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que buscaba dispersar a las decenas de afines al Movimiento al Socialismo (MAS), que iniciaron una serie de protestas contra el gobierno transitorio de Jeanine Áñez.
Foto: captura pantalla
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Según su relato, la violencia en El Alto se desató tras la quema de unidades policiales por parte de la población enardecida, la muerte del sargento Juan José Alcón Paza y el saqueo de equipos antimotines. Varias de las unidades policiales fueron reducidas a cenizas por la virulencia de los ataques de esos grupos que desataron su furia incontrolable contra aquella institución que identificaban como una de las causantes de la caída del gobierno del MAS.
En cuanto a lo sucedido en Senkata, que fue la culminación de esos sucesos fatídicos, la exautoridad policial, quien por entonces fungía como subcomandante regional de la Policía en El Alto, ratificó que existen pruebas de balística que corroboran su afirmación de que en esa jornada los disparos no provinieron de armas reglamentarias, sino de otro tipo de armamento de un calibre menor, informe que estaba sostenido por una pericia balística que fue presentada por su persona cuando fue a declarar de manera voluntaria.
“Solo me voy a referir con base en la pericia criminalística de campo que se realizó durante esa fecha y fechas posteriores, que concluyen que se colectaron 35 casquillos o vainas de calibre 22. Entonces yo había manifestado que se tiene la posibilidad de poder dar un giro hacia la verdad en base a estos elementos que aplicando lo que es la balística nos va a permitir demostrar la posición del tirador, la trayectoria y el objetivo o la balística de efectos que tendría que aplicarse en este momento para decir” subrayó.
Mujeres se protegen de una gasificación en El Alto. Foto: Ahora el Pueblo
Manifestó que ese es un primer elemento probatorio sobre el uso de armas reglamentarias en el caso concreto de Senkata, para luego añadir que “lo que digo es porque está documentado y la documentación base para que haga esta afirmación es la pericia criminalística de campo que se practicó durante el 19 (de noviembre de 2019) y días posteriores para posteriormente realizar el trabajo de laboratorio en el de la ciudad de La Paz. La conclusión es 35 casquillos que no corresponden al calibre que es de utilización tanto de las fuerzas armadas o la policía”, detalló.
Sin embargo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia), designado por la CIDH y el Estado, presentó un Informe Final en agosto de 2021 que señaló graves violaciones de derechos humanos, con al menos 37 muertos en todo el país y un uso desproporcionado de la fuerza por parte de policías y militares. Calificó los sucesos en Sacaba y Senkata como masacres. El informe subraya que el Estado falló en prevenir la violencia y vulneró derechos como la vida, integridad, entre otros y concluyó que no halló evidencia de que los manifestantes usaran armas de fuego ni amenazaran a efectivos; en cambio, ratificó que los disparos provinieron de las fuerzas estatales.
Rojas explicó que, pese a que su intención fue aclarar su participación y la de su institución en los hechos de ese 19 de noviembre de 2019, definió su salida de Bolivia por amenazas contra su vida y la de su familia, luego de esas investigaciones sensibles. “Me manifestaron que yo era una persona marcada, que conocían todos mis movimientos, que sabían que siempre andaba solo. A través de redes sociales incluso amenazaron con quemar la casa donde habitaba”, declaró.
Familiares protestan con los ataúdes de las víctimas. Foto: ABI
Ante esa situación, salió del país ‘por una vía no legal’ y pidió refugio en Chile. “Fue una decisión dura, pero necesaria por la seguridad de mis hijos y hermanos”, añadió. El 8 de marzo de 2024, Rojas decidió presentarse en el proceso judicial abierto por la masacre de Senkata. “Siempre ha sido mi intención dar a conocer la verdad que yo conozco, la verdad documentada, sustentada por estudios técnicos y científicos”, sostuvo.
Por ello, la reciente invocación del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, de pedir a los exiliados a retornar al país, para enfrentar procesos justos le devuelve la expectativa. “Lo recibo como una gran esperanza hacia un cambio que se da en la administración de justicia en el país. Valoro la decisión del tribunal que, con valentía, reencamina hacia lo que es realmente la verdadera justicia”, afirmó. Para Rojas, este giro permitirá que testigos y exautoridades puedan presentar su versión ‘en igualdad de armas’ ante la justicia y frente a los familiares de las víctimas.
“Valoro la decisión que toman personas que en el ámbito del derecho pasarán a la historia por la manera en la que están reencaminando la administración de justicia en Bolivia. Valoro la decisión del tribunal que con una decisión valiente deciden la incompetencia. Y admiro la decisión que toma el señor doctor Saucedo de reencaminar hacia lo que es realmente la verdadera justicia”, aseveró el expolicía implicado en el caso Senkata, que es uno de los procesos más complejos derivados de la crisis política de 2019.