La norma propuesta busca erradicar los matrimonios y uniones forzadas de menores, una práctica que vulnera derechos fundamentales de niñas y adolescentes, sostiene la diputada Betty Yañíquez.
eju.tv / Video: Red América TV
La diputada Betty Yañíquez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, alertó sobre la urgencia de aprobar el Proyecto de Ley Nº 092/2024-2025, que busca modificar el Código de las Familias y del Proceso Familiar para prohibir los matrimonios y uniones tempranas y forzadas de menores de edad en Bolivia, con el fin de impedir que continúe el atropello sistemático de los derechos de este sector vulnerable de la sociedad.
Yañíquez recordó que el marco legal vigente permite que, con autorización de los padres o del Órgano Judicial, las niñas sean casadas incluso con agresores de abuso sexual y violación, aspecto que contradice con la protección constitucional que tienen los menores de edad; por ello, afirmó que, con esta iniciativa, se busca proteger su infancia, adolescencia y derecho a desarrollarse plenamente. El proyecto pasó al pleno de la Cámara para su tratamiento en grande y en detalle, tras su aprobación por unanimidad en dicha comisión.
Según datos ofrecidos por las proyectistas de la norma, entre 2010 y 2022, se registraron más de 11.000 matrimonios y uniones infantiles en Bolivia. Aunque la ley establece los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio; sin embargo, las excepciones permiten uniones a partir de los 16 años, lo que ha provocado graves consecuencias para niñas y adolescentes. a veces los padres autorizan incluso que se casen con sus propios violadores. “Pueden imaginarse la vida de calvario que llevan, que ni siquiera estas niñas están preparadas para traer niños al mundo”, lamentó la parlamentaria.
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La presidenta de la Comisión de DD.HH de la Cámara Baja, Betty Yañíquez. Foto captura pantalla
El Defensor del Pueblo, en su informe Sueños Interrumpidos (mayo 2024), alerta que cada año más de 30.000 niñas y adolescentes son embarazadas, y muchas contraen matrimonios forzados, incluso con sus agresores, lo que representa un ciclo persistente de violencia y violación de derechos fundamentales. “Estuve en Trinidad y fui a visitar al Hospital de la Mujer. Ahí incluso existe una sala que dice embarazo adolescente. Ingresamos a la sala y no encontramos solo adolescentes, se nos hizo un nudo en la garganta porque encontramos a niñas embarazadas”, refirió la asambleísta.
La aprobación unánime en la Comisión de Derechos Humanos es un paso decisivo; ahora el proyecto debe ser debatido en el pleno de la Cámara de Diputados y, de aprobarse, enviado al Ejecutivo para la promulgación correspondiente. Si entra en vigor, se eliminarán las excepciones que permiten matrimonios infantiles, y su incumplimiento será sancionado conforme al Código Penal. Según la presidenta de esa instancia, el proyecto de ley será agendado en el orden del día en el transcurso de esta y la próxima semana.
Esta ley representa una oportunidad para el país de alinear su normativa con los estándares internacionales de derechos humanos y cambiar el destino de miles de niñas y adolescentes. La aprobación del proyecto permitirá romper esos ciclos de violencia y desigualdad, al reconocer y precautelar el derecho de toda menor a una infancia y adolescencia libres y plenas. “Cada niña, cada adolescente, tiene derecho a vivir a plenitud cada etapa de su vida”, sentencia la legisladora.