El abogado Frank Campero manifiesta que el exministro debe ser sometido a medidas cautelares y que el Estado debe resarcir un millón de dólares por los daños causados a una mujer injustamente acusada del rapto de una bebé en 2020.
eju.tv / Video: DTV
El inminente retorno de Arturo Murillo a Bolivia, deportado por Estados Unidos, reabre uno de los hechos que más conmocionó a la sociedad cuando fungía como ministro de Gobierno: el caso Samanta, una bebé que desapareció en la zona de Villa Fátima de La Paz y que fue rescatada 34 días después; sin embargo, en el interín, se presentó a una mujer como la probable autora del secuestro, porque tenía coincidencias físicas con el identikit elaborado por la Policía Boliviana.
En septiembre de 2020, la desaparición de la bebé Samanta conmocionó al país. En medio de la presión social y mediática por las características del rapto, Murillo presentó a Lourdes Pacheco como una de las supuestas responsables del rapto. La investigación posterior demostró que había sido involucrada de manera arbitraria e ilegal, lo que derivó en un proceso judicial contra el entonces ministro de Gobierno por vulneración de derechos y daños irreparables a la imagen y dignidad de la mujer.
“Va a tener que ser sometido a una audiencia de medidas cautelares y llevado a un penal de manera establecida y determinada, y ahí poderle notificar de manera personal al señor Arturo Murillo (sobre) el tema de la acusación formal que nosotros hemos presentado ya cuando él era ministro de gobierno, al haber vulnerado directamente los derechos de Lourdes Pacheco, al haberla presentado a nivel nacional como internacional, como una de las raptoras de la bebé Samanta”, aseveró Frank Campero, abogado de Pacheco.
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Campero confirmó que pedirá su inmediata detención preventiva por ese caso que se suma a al menos ocho abiertos en contra del otrora hombre de confianza de Jeanine Áñez y – enfatizó – deberá afrontar las acusaciones por vulnerar derechos fundamentales al exponer de manera irregular a una mujer como sospechosa del secuestro de una recién nacida en 2020 sin tener prueba plena que sustente dicha acusación; además, que el Estado debe indemnizar a la víctima.
Foto: captura de pantalla
“Ya de manera específica, teniéndolo en el país, vamos a notificarlo de manera presencial ya para las audiencias correspondientes, él pueda tener su sentencia condenatoria y el resarcimiento del daño tendrá que pagar el Ministerio de Gobierno como el Estado, porque él ha sido funcionario en su momento. El Estado tendría que cancelar el millón de dólares correspondiente que se ha determinado en auditoría por el tema de los daños causados justamente a esta ciudadana”, precisó el jurista.
El abogado explicó que existe ya una acusación formal presentada contra Murillo cuando aún era ministro, lo que permitirá reactivar de inmediato la causa una vez que el exministro esté en territorio boliviano. “Pero con que Arturo Murillo esté en el país ya facilita absolutamente todo el procedimiento como tal”, aseveró el legista sobre el bullado caso del rapto de la pequeña Samanta que el ocho de septiembre cumplirá cinco años. Las medidas quedaron en statu quo en tanto Murillo cumplía una condena en Estados Unidos.
El extitular de Gobierno fue condenado en Estados Unidos en 2022 por corrupción y lavado de dinero, tras supuestamente gestionar sobornos millonarios vinculados a la compra irregular de gases lacrimógenos. Cumplida su pena, será deportado a Bolivia en las próximas horas, lo que activa la cooperación internacional en materia penal. Campero subrayó que la deportación se ajusta al principio internacional del Pacta sunt servanda, que obliga a los Estados a cumplir los tratados suscritos en materia de extradición y reciprocidad judicial.
El abogado remarcó, además, que la condición de fugado de Murillo constituye un agravante: “Porque la primera conducta que él ha tenido es fugar del país, es salir del país y no responder por sus acciones en el país, eso hace que esta persona sea totalmente, no peligrosa, pero que va a obstaculizar, que tiene facilidades de escapar del país, ya lo ha hecho una vez y ha tenido que ser capturado y ha tenido que ser deportado y eso es un agravante directamente para cualquier ciudadano”, dijo.