La CIDH y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
eju.tv / Video: Ministerio de Justicia
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, saludó este viernes el pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur, organismos que advirtieron el riesgo de impunidad de las masacres de Senkata y Sacaba, muertes registradas en 2019. Asimismo, enfatizó que la liberación en ambos casos pueden dejar un «nefasto precedente» en la historia boliviana.
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«Es importante garantizar que estas víctimas tengan justicia, que esa justicia llegue de manera oportuna y, sobre todo, recordar que hay familias que no van a volver a tener a sus seres queridos. De lo contrario, esto resultaría un nefasto precedente en nuestra historia boliviana», sostuvo la autoridad en conferencia de prensa.
La CIDH y ONU Derechos Humanos en América del Sur expresaron su preocupación ante las recientes decisiones del Tribunal de Sentencia Nº 4 de El Alto y del Tribunal Primero de Sacaba, que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en las masacres de Senkata y Sacaba en 2019.
Esta preocupación se acentúa tras la reciente decisión de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz de 9 de septiembre de 2025, que ratificó la Resolución 211 de 2025 de 25 de agosto de 2025, confirmando lo establecido en la anterior resolución en el caso de Senkata, señalaron los organismos.
Saravia enfatizó que el pronunciamiento es importante porque evidencia, nuevamente, que estos procesos emergen de una visita in situ aquí en Bolivia, lo que permitió a expertos internacionales tener contacto directo con las víctimas y las familias que perdieron a sus seres queridos. Asimismo, afirmó que el Estado tiene la obligación de actuar conforme a los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, garantizando justicia oportuna y evitando la revictimización.
No obstante, también indicó que como Gobierno nacional son respetuosos de las decisiones del Órgano Judicial, pero también deben recordar que existen recomendaciones internacionales que el Estado está obligado a cumplir.