La semana pasada, la CIDH y ONU DDHH expresaron preocupación ante las decisiones de tribunales de La Paz y Sacaba, que declararon nulos los procesos contra policías y militares por la crisis de 2019
Por: eju.tv
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, consideró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe «corregir el error» sobre los casos de la crisis de 2019 tomando en cuenta los pronunciamientos de los organismos internacionales para que las víctimas de las muertes de Senkata y Sacaba accedan a justicia.
«El tribunal debe considerar esta comunicación de dos organismos internacionales no políticos que te están diciendo ‘los estás haciendo mal’, en pocas palabras, ‘corrige tu error con el fin de garantizar que las víctimas accedan a una justicia pronta y oportuna», señaló el procurador en una entrevista con el programa Noches Sin Tregua de Cadena A.
La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DDHH) expresaron preocupación ante las decisiones de la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz y del Tribunal Primero de Sentencia de Sacaba que declararon la nulidad de los procesos contra policías y militares, sindicados por las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las masacres de Senkata y Sacaba, en 2019, que dejaron más de una veintena de personas fallecidas por impactos de bala.
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Una vez anulados los procesos penales, ambos tribunales ordenaron un juicio de responsabilidades para la expresidenta Jeanine Áñez, además de su liberación, aunque queda pendiente la sentencia de 10 años por el caso golpe II, que está en revisión en el TSJ.
Ni bien se conoció la instrucción judicial de llevar los casos Senkata y Sacaba a juicio de responsabilidades, los militares y policías procesados por estos hechos fueron puestos en libertad.
Frente a ese escenario, la CIDH y ONU Derechos Humanos advirtieron que la anulación de los procesos podría «representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos».
“Ambas instituciones internacionales ven con mucha preocupación que el Estado boliviano no dé cumplimiento a sus recomendaciones emitidas a través del informe del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para Bolivia), cuyas investigaciones concluyeron que es fundamental que las víctimas y sus familiares tengan acceso a la justicia de manera oportuna, justa y eficaz», sostuvo la autoridad.
En ese marco, el Procurador subrayó que “el pronunciamiento de la CIDH y ONU Derechos Humanos considera que esta anulación podría representar un retroceso en la búsqueda de justicia oportuna y adecuada para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y un serio obstáculo al deber estatal de implementar las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos”.
De las recomendaciones emitidas por el GIEI, la autoridad remarcó la recomendación que hace referencia acerca de «la voluntad del Estado boliviano de combatir la impunidad y garantizar las condiciones adecuadas para que el sistema de administración de justicia pueda realizar sus labores en conformidad con los estándares de independencia, credibilidad, transparencia y objetividad».
El Procurador reafirmó el compromiso de la Procuraduría de seguir coadyuvando en las acciones legales que correspondan, en el marco de la Constitución Política del Estado y los tratados suscritos por Bolivia, a fin de garantizar la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas, en concordancia con las recomendaciones de la CIDH y ONU Derechos Humanos.