Quispe enfatizó que el gobierno nacional adeuda 62.210.300 bolivianos a la Gobernación paceña, de los cuales 34.596.000 están destinados específicamente para la alimentación anual de reclusos. El gobernador explicó que con recursos propios se cubrieron los prediarios hasta marzo, pero que hoy carecen de fondos para continuar con los pagos.
Un motín de reclusos en la cárcel de San Pedro de La Paz estalló hoy (16) debido al impago de los prediarios durante los últimos cinco meses, lo cual evidencia la crítica situación carcelaria en el departamento. Los internos protestaron desde los techos del penal con ollas vacías y exigieron el cumplimiento del pago correspondiente mientras autoridades departamentales y nacionales se disputan la responsabilidad financiera.
El gobernador de La Paz, Santos Quispe, responsabilizó de manera directa al presidente Luis Arce y sostuvo que “hasta el día de hoy pedimos al Gobierno nacional que de una vez deposite porque están haciendo sufrir a los reclusos penitenciarios. Ese es el problema y nos echan la culpa directamente a la Gobernación».
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La autoridad departamental aseguró haber enviado cinco notas formales al Ministerio de Economía en las que solicita la transferencia de los recursos pendientes del Impuesto Directo de Hidrocarburos (IDH).
Quispe enfatizó que el gobierno nacional adeuda 62.210.300 bolivianos a la Gobernación paceña, de los cuales 34.596.000 están destinados específicamente para la alimentación anual de reclusos. El gobernador explicó que con recursos propios se cubrieron los prediarios hasta marzo, pero que hoy carecen de fondos para continuar con los pagos.
«Nosotros ¿de dónde vamos a sacar si se ha pagado hasta marzo? Estamos esperando a que el Gobierno deposite los 42 millones de bolivianos», manifestó Quispe.
Desde el interior del penal, un representante de los reclusos describió la desesperada situación. «Estamos pidiendo, por favor, que se cancele los seis meses que se debe de la Gobernación. Son seis meses que estamos casi sin comer. Hay gente que ha perdido toda su familia, no tiene nadie que le pueda dejar un pan», declaró a un medio local.
Mientras tanto, el director general de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, confirmó la movilización e hizo un llamado a la Gobernación de La Paz porque “tiene la obligación” de garantizar los servicios básicos en los centros penitenciarios.
Quispe aseguró que depositará inmediatamente los fondos a las cuentas del Régimen Penitenciario en cuanto reciba los recursos del gobierno central, mientras los reclusos continúan en situación de abandono alimentario.