Además, piden que se hagan efectivas las dos condenas de ocho y cinco años que pesan sobre el exministro de Gobierno por hechos de corrupción; afirman que están en alerta.
eju.tv / Videos: RKC
Los cocaleros del trópico de Cochabamba se mostraron satisfechos por la llegada de Arturo Murillo a territorio nacional, para que responda por los procesos penales abiertos en su contra, pero insisten en que se aceleren los casos por los sucesos de Huayllani, Sacaba, ocurridos en noviembre de 2019, por los cuales – dicen – el exministro de Gobierno de la gestión de Jeanine Áñez debe ser condenado a treinta años de reclusión sin derecho a indulto, ya que en esa oportunidad murieron al menos 10 de sus compañeros.
Por la denominada masacre de Sacaba, el exministro Murillo y otras diecisiete personas fueron acusadas de genocidio y tentativa de genocidio en relación con las muertes ocurridas en Huayllani en 2019. Entre los acusados se encuentran también la expresidenta Jeanine Áñez, el extitular de Defensa, Luis Fernando López, quien está declarado en rebeldía, así como 13 militares y dos policías. Empero, hace unos días, el Tribunal de Sentencia No. 1 de Sacaba declaró que no era competente para juzgar a la exmandataria a través del proceso ordinario.
El dirigente de la Federación Trópico, Feliciano Mamani, pidió que la muerte de esas personas no quede en la impunidad y se condene a Murillo con la mayor condena que contempla la normativa vigente. “Debería podrirse en la cárcel Arturo Murillo, porque hay 38 compañeros muertos, 36 a bala; eso fue nefasto, fue una masacre que ha pasado en Bolivia. (Murillo) no tiene sangre en la cara, por eso tiene nomás que entrar a la cárcel, por lo menos 30 años, las familias ahora piden justicia”, aseveró Mamani.
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El dirigente cocalero del Chapare, Feliciano Mamani. Foto: RKC
Asimismo, Claudio Saravia, secretario de Juventudes de la Federación Yungas del Chapare, anunció que la región del trópico se declaró en alerta ni bien Murillo puso pie en suelo boliviano, para que la justicia efectivice las condenas contra el exministro de Jeanine Áñez y se retomen los otros procesos por las muertes que se registraron en 2019. “Un asesino, un masacrador, incluso corrupto, que ha hecho mucho daño a nuestro país en 2019, de esa manera, nosotros pedimos que se le condene a 30 años de cárcel sin derecho a indulto”, enfatizó.
La misma posición manifestó David Veizaga, uno de los miembros de la Dirección nacional de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, quien recordó que las muertes del 15 de noviembre de 2019 fueron producto de la promulgación del Decreto Supremo 4078 firmado por Áñez mediante el cual las Fuerzas Armadas habrían usado armas de fuego en las protestas que se registraron en el país ante la renuncia a la Presidencia y posterior huida de Evo Morales Ayma.
El conflicto estalló entre los meses de octubre y noviembre de 2019, tras las elecciones presidenciales, debido a las denuncias de presunto fraude electoral. Morales renunció el 10 de noviembre, tras 20 días de intensas protestas y manifestaciones en todo el país, un motín policial y la posición del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kalimán, quien sugirió que renuncie a su cargo para permitir la pacificación del país. Estos eventos desencadenaron las protestas de los adeptos del exmandatario.
“Jeanine Áñez y Arturo Murillo sacaron el decreto 4078, el decreto de la muerte, donde ordenaron utilizar todo el armamento bélico para disparar al pueblo boliviano, en este caso, a nuestros hermanos que estaban en una acción de protesta en Huayllani, Sacaba y en Senkata, El Alto, pese a que la libertad de movilización y protesta está constitucionalizado en el artículo 21 de la Constitución Política del Estado, los derechos civiles y los derechos políticos. Pisoteando las leyes han ordenado que disparen a nuestros hermanos”, dijo.