Daza agradeció la disposición de YPFB para facilitar la documentación requerida, pero fue enfático al señalar que buscan «encontrar un culpable» para lograr el resarcimiento de los gastos de reparación que superan los 5.000 a 7.000 bolivianos por vehículo, una carga económica insostenible para los transportistas en la crisis económica actual.
Una inspección conjunta entre transportistas, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) verificó que los combustibles almacenados y distribuidos desde la planta de Senkata, en El Alto, cumplen con los parámetros de calidad establecidos, aunque se mantendrá la investigación sobre las denuncias de más de 300 vehículos afectados por fallas mecánicas atribuidas a combustible en mal estado.
«Se ha podido identificar que los parámetros están dentro de las especificaciones, así que el día de hoy nos hemos constituido a las instalaciones de YPFB Senkata y junto con los técnicos de YPFB, así como YPFB logística y en presencia de los dirigentes de transporte, hemos realizado también las verificaciones en lo que respecta a la calidad de los combustibles que son recepcionados, almacenados y despachados desde planta de almacenaje Senkata», declaró en conferencia de prensa uno de los técnicos de la ANH luego de la inspección.
Como parte del proceso de transparencia, la ANH tomó muestras directamente de la planta de almacenamiento y compartió los resultados de laboratorio con los representantes de los transportistas. Este procedimiento permitió verificar que todos los productos almacenados en Senkata cumplen con las normativas de calidad vigentes, tanto para su almacenamiento como para su distribución final en estaciones de servicio.
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El representante de la ANH anunció que «se ha llegado a tres acuerdos» para investigar las quejas anteriores, implementar un sistema de trazabilidad que identificará «el momento del despacho, la estación de servicio, el momento de la compra del combustible, la identificación del lote que corresponde a este producto, también el tanque de almacenaje» involucrado en cada caso particular de denuncia por fallas mecánicas.
Por su parte, el secretario de la Federación de Transportistas Chuquiago Marka, Jaime Daza, confirmó que las verificaciones realizadas muestran que la gasolina distribuida actualmente «está completamente limpia», aunque recordó que los problemas reportados corresponden a semanas anteriores.
El tercer acuerdo establece un mecanismo de prorrateo mediante planillas que registrarán horarios, fechas y surtidores específicos donde los transportistas cargaron combustible. Este sistema cruzará tres certificaciones diferentes: de planta, de despacho y de “cisternero”, para determinar con precisión el origen de eventuales contaminaciones en lotes anteriores.
Daza agradeció la disposición de YPFB para facilitar la documentación requerida, pero fue enfático al señalar que buscan «encontrar un culpable» para lograr el resarcimiento de los gastos de reparación que superan los 5.000 a 7.000 bolivianos por vehículo, una carga económica insostenible para los transportistas en la crisis económica actual.