El constitucionalista demandó ante la Sala Cuarta de Santa Cruz el cese inmediato de funciones de los magistrados del TCP que prorrogaron su mandato. Afirma que vulneraron la Constitución y convirtieron el Tribunal en un órgano ‘verdugo’ del Estado de derecho.
eju.tv / Video: DTV
El abogado constitucionalista Wilmer Vásquez presentó en las pasadas horas una acción popular ante la Sala Constitucional Cuarta de Santa Cruz contra los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), a quienes acusa de violar la Constitución y usurpar funciones al extenderse ilegalmente en sus cargos; asimismo, exige la nulidad de todos los fallos emitidos por esas autoridades y el cese inmediato de sus funciones, por considerarlos contrarios a los derechos colectivos y a la seguridad jurídica del país.
Según el jurista, la acción popular fue planteada por las supuestas anomalías cometidas por los cinco magistrados autoprorrogados del TCP a quienes acusa de dictar fallos inconstitucionales que transgreden los derechos colectivos y vulneran la seguridad jurídica que debe existir en un estado de derecho, en clara contravención al mandato que se les confirió para que sean guardianes de la correcta aplicación de los preceptos de la Constitución Política del Estado (CPE).
El abogado recordó que la Declaración Constitucional 049/2023, mediante la cual el TCP prorrogó su mandato, es el origen de la actual crisis institucional. “En esa sentencia ellos dicen que son independientes y que ningún otro órgano puede fiscalizarlos, pero eso no les da poder para modificar la Constitución. Son guardianes de la Constitución, no una Asamblea Constituyente. Al atribuirse esa facultad, se han convertido en verdugos de la Constitución”, sentenció.
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Foto: captura de pantalla
Vásquez detalló que los accionados son los magistrados Gonzalo Hurtado, René Iván Espada, Julia Cornejo, Isidora Jiménez y Karem Gallardo, a quienes acusa de haber excedido el mandato de seis años que fija la Carta Magna. También pidió que el Ministerio Público actúe de oficio por un presunto incumplimiento de deberes, y que tanto la Defensoría del Pueblo como la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) intervengan para fiscalizar el caso.
“La Asamblea debe armar una comisión mixta para investigar no solo a los autoprorrogados del TCP, sino también a la Fiscalía General (del Estado), porque son ellos quienes avalaron su continuidad. Si no lo hace la Asamblea, evidentemente, la próxima tiene que fiscalizar a todos los órganos (estatales), porque los frenos y contrapesos que deben existir para precautelar al Estado, tienen que funcionar”, subrayó el jurista.
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La acción popular, que ya fue sorteada, se encuentra en la Sala Cuarta Constitucional de Santa Cruz. Vásquez recordó que ese tribunal tiene 24 horas para pronunciarse sobre la admisión del recurso. “No hay fecha ni hora todavía para resolver este recurso de acción popular, esperamos que se resuelva con inmediatez, porque está en juego la seguridad jurídica y el interés colectivo de toda la sociedad”, declaró.
El abogado solicitó, además, que los magistrados suplentes, electos el diciembre del año pasado, asuman las funciones que aún ocupan los autoprorrogados, porque ellos tienen legalidad y legitimidad, a diferencia de los cinco autoprorrogados actuales, quienes excedieron su mandato en clara contravención a la Constitución, que establece un tiempo cerrado de seis años de gestión sin derecho a la reelección.
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“Dentro de la acción estamos pidiendo que se admita, primero, la acción popular y luego que se suspenda inmediatamente el ejercicio de sus funciones de toda autoridad que ha excedido ha excedido su mandato, así como también la nulidad de todos los actos del Tribunal Constitucional (Plurinacional) y de otros actos (en los) que hayan usurpado funciones dentro del marco de la Constitución que dice seis años y no pueden prorrogarse más”, subrayó.
El conflicto en torno a los magistrados autoprorrogados del TCP mantiene en tensión a los órganos del Estado desde fines de 2023. La decisión de los tribunos de extender su mandato –cuyo argumento fue la falta de elecciones judiciales–, generó un choque institucional con el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo presidente, Romer Saucedo, los denunció por usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la CPE.
Para Vásquez, más allá del debate político, su acción busca restablecer el Estado de derecho; “se está violentando la seguridad jurídica de la colectividad por estos fallos inconstitucionales que son nulos de pleno derecho. Esto no es un tema partidario. Es una defensa del orden constitucional y de la seguridad jurídica del pueblo boliviano. No pueden interpretarse la Constitución a conveniencia ni prorrogarse indefinidamente en el poder”, concluyó.