En ese sentido, recordó que generalmente ese servidor público cuando solicitas información, responde que necesita la autorización de su superior o que necesita la autorización desde la oficina central y hasta piden cartas, pero a la final no dan ninguna información requerida.
eju.tv / Video: Asambleísta Azucena Fuertes
La asambleísta departamental Azucena Fuertes ganó un amparo constitucional favorable contra el expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Alberto Quispe Mamani, quien negó el acceso a las actas oficiales del ente legislativo. El fallo, emitido por el Tribunal Constitucional, ratifica que toda persona, con solo presentar su cédula de identidad, tiene el derecho de solicitar información a cualquier institución pública, y que dicha institución está obligada a entregarla sin discriminación ni restricciones indebidas.
“Informar a la población boliviana que he sido notificada desde el Tribunal Constitucional Plurinacional, habiendo ganado un amparo constitucional que garantiza el derecho y el acceso a la información. Todos los bolivianos y bolivianas, incluso los trabajadores de la prensa tienen este derecho vulnerado cuando se acercan a una institución pública y piden información. Este no es solo un triunfo personal, sino un precedente para toda la ciudadanía. La transparencia no es un favor de los funcionarios; es un derecho que protege la Constitución», declaró Fuertes.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En ese sentido, recordó que generalmente ese servidor público cuando solicitas información, responde que necesita la autorización de su superior o que necesita la autorización desde la oficina central y hasta piden cartas, pero a la final no dan ninguna información requerida.
La legisladora recordó que su solicitud de copias de actas fue rechazada por la entonces presidencia de la Asamblea potosina, pese a tratarse de documentación pública. Ante esta vulneración, presentó el amparo constitucional, que ahora fortalece la institucionalidad y el control social en el departamento.
«Como asambleísta departamental también he sido víctima de esta vulneración de derecho cuando solicité informe al presidente de la Asamblea Departamental, este me fue rechazada y por eso accione este amparo constitucional que hoy genera jurisprudencia con la sentencia constitucional 09 21/2025 que ratifica el derecho a la información», enfatizó Fuertes.
Agregó que con esta sentencia, se consolida un precedente que puede ser invocado por cualquier ciudadano del país en casos similares, reforzando el derecho constitucional de acceso a la información y la lucha contra la opacidad en la gestión pública.