El informe de la comisión del Senado concluyó que no hubo golpe de Estado, sino una tramoya promovida desde el propio Ejecutivo. Legisladores de oposición y del bloque oficialista disidente exigen que el expresidente Arce responda ante la justicia.
eju.tv / Videos: Red América TV
A poco de terminar el mandato de senadores y diputados, la tensión política resurgió en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) tras la difusión del informe final de la comisión especial del Senado que investigó los hechos del 26 de junio de 2024, cuando tropas del Ejército tomaron la plaza Murillo y cercaron el Palacio Quemado durante más de tres horas, en un operativo que el presidente Luis Arce Catacora denunció como un ‘intento de golpe de Estado’.
El documento, de 112 páginas, descartó la existencia de una conspiración militar real y concluyó que los hechos fueron inducidos desde el propio entorno presidencial, con el objetivo de victimizar al Gobierno, recomponer su legitimidad interna y desplazar el foco del conflicto político con el evismo. En su parte resolutiva, la comisión recomendó iniciar procesos penales por incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes del Estado y manipulación de las Fuerzas Armadas.
El diputado Pacífico Choque, de la bancada disidente del oficialismo , fue uno de los primeros en reaccionar: “el país fue engañado con una payasada, una farsa montada por Luis Arce Catacora en concomitancia de otras autoridades del Órgano Ejecutivo. Por este falso golpe de Estado, aparentemente perpetrado por los militares, están pagando algunos que no tenían que ver nada, más bien han obedecido órdenes del Ejecutivo”, declaró al exigir que el Ministerio Público actúe tras conocerse los resultados del informe.
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Desde la oposición, las voces señalan que debe continuar la investigación. El diputado Walthy Egüez, de Creemos, planteará a los nuevos legisladores a conformar una nueva comisión para dilucidar los hechos reales ocurridos el 26 de junio de 2024. “Esto ha quedado en la nebulosa porque habían ntereses del propio gobierno”, señaló para después calificar la acción como una maniobra desesperada para distraer a la población.
Posición coincidente la expresada por su correligionario Erwin Bazán, que califica como un ‘informe ambiguo’ el documento presentado por la comisión senatorial; “pero claramente afirma que no hubo un golpe de Estado el 26 de junio, porque no hay evidencia de que haya habido una intención deliberada, sistemática, bien planificada y efectiva de dar un golpe de Estado por parte de las Fuerzas Armadas al gobierno legalmente constituido”, reforzó.
“Podemos concluir de manera libre y voluntaria que, en realidad, se trató de una aventura, probablemente coordinada con el propio gobierno de Arce, para simular un golpe, es decir un autogolpe”, refirió Bazán sobre el documento aprobado por mayoría simple y remitido a la Fiscalía General, que detalla que el movimiento de tropas fue autorizado por la cadena de mando y que el general Juan José Zúñiga, entonces comandante del Ejército, actuó bajo instrucciones contradictorias emanadas probablemente desde el Ejecutivo.
El 26 de junio de 2024 tropas militares tomaron la plaza Murillo. Foto: ABI
El senador William Torrez, del ala evista del Movimiento al Socalismo (MAS), presentó el miércoles al pleno las conclusiones y destacó que, pese a la falta de recursos por parte del Ejecutivo, la investigación logró sistematizar 50 archivadores con documentación de respaldo. “Hay elementos que demuestran manipulación política. Se usaron recursos del Estado para fabricar una narrativa”, afirmó.
La toma de la plaza Murillo – transmitida en directo por los medios y seguida minuto a minuto por la ciudadanía – mostró imágenes de blindados apostados frente al Palacio Quemado, el ingreso violento de soldados y la detención televisada de Zúñiga horas después. Según el informe, la secuencia respondió a un ‘guion previamente conocido por la cúpula política’, cuyo desenlace buscaba mostrar al presidente como víctima de una intentona militar frustrada.
El senador Hilarión Mamani, también del bloque disidente del MAS, sostuvo que la investigación “es contundente” y que corresponde activar responsabilidades penales. “Este golpe fallido de Lucho Arce no puede quedar impune, porque no es hacerse la burla de la patria. La patria se respeta, la democracia se respeta; pero, lamentablemente, Lucho Arce ha traicionado al pueblo boliviano”, advirtió el parlamentario, para.
Por su parte, el diputado Santos Mamani remarcó que el documento confirma la tesis del autogolpe, al demostrar que no existió movimiento rebelde alguno fuera del control del Ejecutivo. “El informe es claro: no hubo golpe de Estado, hubo autogolpe. El expresidente Arce Catacora debe responder ante la justicia por haber sembrado miedo, zozobra y psicosis social en todo el país. No puede volver a repetirse una maniobra así desde el poder”, sentenció.
La presentación oficial del informe ante el pleno legislativo está prevista para el viernes, cuando las bancadas deberán definir si respaldan la remisión del caso al Ministerio Público y al Tribunal Supremo de Justicia. Entre tanto, el documento ha reabierto nuevamente el debate: si el 26J fue realmente un acto de insubordinación militar o una operación política encubierta para distraer a la opinión publica mediante un discurso de victimización.