El asesor legal de Anapo afirmó que los avasallamientos responden a una estrategia política y geopolítica del MAS para consolidar presencia territorial en el oriente boliviano.
eju.tv /Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El asesor legal de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Fernando Asturizaga, denunció que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) habría utilizado el proceso de saneamiento de tierras con fines políticos, beneficiando a sectores y dirigentes afines al gobierno de turno.
Asturizaga explicó que el saneamiento fue creado para regularizar el derecho de propiedad y posesión sobre la tierra, pero con el tiempo se habría desvirtuado para favorecer intereses partidarios. “El proceso de saneamiento no nació con Evo Morales ni con el MAS. Viene de 1996, con la Ley INRA, y su objetivo era dar seguridad jurídica a quienes trabajaban la tierra. Sin embargo, se ha utilizado políticamente para vulnerar derechos de productores y favorecer a grupos afines al poder”, sostuvo en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
El jurista remarcó que, en la mayoría de los casos de avasallamientos registrados en el país, los ocupantes “no estaban presentes durante las verificaciones de campo” que realiza el INRA para determinar la posesión legítima. “Se crea conflicto donde no existía conflicto. Luego se dice que mientras dure el saneamiento la tierra no es de nadie, lo cual es falso, porque ya se había verificado quién la trabajaba y quién tenía posesión pacífica”, explicó.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Asturizaga fue más allá al afirmar que los avasallamientos responden a una estrategia política y geopolítica del MAS para consolidar presencia territorial en el oriente boliviano. “El objetivo es doble: hacer desaparecer la mediana y gran propiedad empresarial, y copar el territorio con fines electorales. Esto ya se ha visto en zonas como Guarayos, donde luego de los avasallamientos se instaló incluso una oficina del SEGIP, lo que muestra un interés político en asegurar presencia estatal en esos lugares”, denunció.
El asesor de Anapo recordó además que durante los gobiernos del MAS se habrían conformado estructuras paralelas dentro del INRA, desde donde se traficaba información y se organizaban tomas de tierras. “Entre 2010 y 2016 hubo denuncias de un INRA paralelo, donde se vendía información a dirigentes de organizaciones sociales para planificar avasallamientos, especialmente en zonas productivas, con inversión y maquinaria. No entran a monte, entran donde hay trabajo e inversión”, señaló.
Asturizaga también alertó que en la actualidad existen más de 330 predios avasallados en el país, de los cuales sólo 30 habrían sido desalojados. “Eso significa que 300 propiedades productivas siguen ocupadas ilegalmente, afectando a productores, familias y trabajadores que sufren violencia, robos y daños económicos”, afirmó, destacando que los costos de un operativo de desalojo pueden alcanzar entre 30 mil y 50 mil dólares, debido a la falta de recursos logísticos de la Policía.
Las declaraciones del asesor legal de Anapo las pueden escuchar desde el minuto 10:13 del video adjunto en la presente nota.