Caso Marcelo Arce: cuando la justicia se cruza con el poder del apellido presidencial


“Hoy, el ciudadano teme más caer en un proceso judicial que ser víctima de un delito. Esa es la muestra más clara de que nuestro sistema necesita una reforma profunda”, afirmó.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El abogado y analista jurídico Jorge Justiniano reflexionó sobre el reciente caso de Marcelo Arce Mosqueira, hijo del presidente Luis Arce Catacora, quien fue detenido y luego liberado tras una audiencia cautelar por un presunto hecho de violencia familiar. En La Hora Pico de eju.tv, Justiniano explicó los alcances del procedimiento judicial y cuestionó la influencia del “juicio social” sobre la percepción pública de la justicia boliviana.



“Lo que se sabe, según los medios, es que existió una denuncia por violencia familiar. Este tipo de delitos no solo se da entre esposos, sino entre personas con cualquier vínculo de afectividad”, precisó Justiniano, al explicar que la denuncia activa la participación del Ministerio Público, entidad que tiene la titularidad de la acción penal pública.

“Aunque la víctima desista o diga que ya no quiere seguir con el proceso, el Ministerio Público tiene la obligación de continuar la investigación. La víctima no es la dueña de la acción penal”, subrayó.

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El jurista señaló que, en el caso de Arce Mosqueira, la audiencia tuvo como único propósito definir las medidas cautelares. “Las medidas pueden ir desde la detención preventiva hasta una fianza juratoria. Al parecer, no se aplicó la más grave, que es la detención preventiva”, indicó.

Justiniano recordó que el Ministerio Público cuenta con un plazo de seis meses para la etapa preparatoria de la investigación, en la que se determinará si el caso avanza a juicio o si se presenta un sobreseimiento.

Respecto al desistimiento de la víctima, el analista aclaró que si bien este gesto no extingue la causa, puede tener influencia en la decisión judicial. “A veces la víctima desiste porque se siente presionada o revictimizada. Los procesos en Bolivia terminan siendo más traumáticos para las víctimas que el hecho mismo”, señaló.

En otro momento, Justiniano se refirió a la Ley 348, que protege a las mujeres contra la violencia, calificándola como “una norma necesaria pero con sesgos de discriminación” y agregó que “la ley trata de manera distinta a hombres y mujeres. La discriminación, aunque sea positiva, sigue siendo discriminación. Todos deberíamos ser iguales ante la ley”, expresó.

También explicó la excepcionalidad de la conciliación que permite la norma. “La ley da una segunda oportunidad a quien ha cometido un hecho de violencia leve, siempre que no haya reincidencia. Muchas veces la denuncia surge de un conflicto familiar que, si termina en prisión, genera un problema social y económico mayor”, añadió.

Finalmente, Justiniano lamentó la forma en que el juicio social y mediático incide en la percepción ciudadana. “No conocemos los elementos que utilizó el juez para disponer la libertad, pero ya hay quienes piensan que hubo corrupción solo porque se trata del hijo del presidente. Es muy fácil juzgar sin conocer los hechos. El juicio social termina siendo más cruel que el judicial”, advirtió.

Las declaraciones de Justiniano las pueden escuchar desde el minuto 05:28 del video adjunto en la presente nota.