La denuncia, presentada el 7 de octubre de 2025 ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, señala como imputados a Gonzalo Miguel Hurtado, Rene Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
Inicia la batalla por la institucionalidad de la justicia. En un hecho sin precedentes, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, interpuso una denuncia penal contra cinco magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) por los delitos de resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes y usurpación de funciones. La denuncia, presentada el 7 de octubre de 2025 ante la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, señala como imputados a Gonzalo Miguel Hurtado, Rene Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo.
El origen del conflicto se remonta al Auto Constitucional 49/2023 del 11 de diciembre de 2023, mediante el cual el TCP determinó «de manera unilateral, discrecional y arbitraria la extensión y prórroga del mandato de todos los Magistrados y Consejeros en sus cargos». Saucedo fundamenta que los magistrados denunciados debieron concluir sus funciones el 31 de diciembre de 2023, tras cumplir el período de seis años establecido en la Constitución para las autoridades judiciales electas en 2017.
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La denuncia de Saucedo sostiene que, pese a la realización de las elecciones judiciales del 15 de diciembre de 2024 que renovaron parcialmente los tribunales, los magistrados del TCP «continúan usurpando funciones que ya no les compete». Esta situación se agravó con el Auto Constitucional 0113/2024 de diciembre de 2024, donde el TCP resolvió que la prórroga de mandato debía continuar hasta que se preseleccione, elija y posesione a nuevas autoridades en departamentos con convocatorias declaradas desiertas.
En su fundamentación jurídica, el presidente del TSJ cita el artículo 200 de la Constitución, que establece que las normas sobre ejercicio, permanencia y cesación en el cargo del Tribunal Supremo «será de aplicación a los miembros del Tribunal Constitucional Plurinacional». Remite al artículo 183.1 que determina: «Las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años».
Saucedo enfatiza la contradicción de que el TCP, que según el artículo 196 debe «velar por la supremacía de la Constitución», haya emitido una resolución que vulnera el «tenor literal del texto» constitucional. Subraya que la Carta Magna «no establece ninguna causal por la que se pueda prorrogar tal mandato», por lo que considera que la autoprorroga está «al margen de la legalidad».
Respecto al delito de Resoluciones Contrarias a la Constitución (artículo 153 del Código Penal), la denuncia detalla que los magistrados incurrieron en este tipo penal al «dictar o emitir resoluciones arbitrarias y manifiestamente contrarias a disposiciones expresas y taxativas de la Constitución Política del Estado», específicamente mediante el Auto Constitucional 49/2023.
Sobre el delito de Usurpación de Funciones (articulo 163 del Código Penal), argumenta que los denunciados continúan ejerciendo «funciones jurisdiccionales» pese a haber cesado legalmente en sus cargos, lo que configura la agravante prevista en el parágrafo II de dicho artículo.
La subsunción de los hechos en estos tipos penales lleva a Saucedo a solicitar penas de privación de libertad de cinco a diez años para el primer delito y de cuatro a ocho años para el segundo, además de inhabilitación y reparación económica en ambos casos.
Como medidas cautelares, el presidente del TSJ solicitó «la activación de la alerta migratoria contra los denunciados» para evitar su eventual salida del país. Adjuntó como sustento documental su credencial de posesión como presidente del TSJ y su documentación personal.
Este enfrentamiento entre las dos máximas instancias judiciales del país evidencia una profunda crisis institucional. La respuesta del TCP a través del Auto 0113/2024, que mantiene vigente la prórroga, muestra la determinación de los magistrados constitucionales de mantenerse en sus cargos.
La denuncia penal de Saucedo representa la escalada máxima de un conflicto que comenzó en 2023 y que ahora se traslada al ámbito penal, donde se decidirá si los magistrados del TCP traspasaron la delgada línea entre la interpretación constitucional y la usurpación de funciones. El caso podría sentar un precedente crucial para el futuro del Estado de Derecho en Bolivia.