El actual gerente de Boliviana de Aviación denunció que desde 2017 un contrato suscrito por Ronald Casso con una empresa en EE. UU. permitió que intermediarios se apropiaran de recursos públicos. La Fiscalía ya tiene el caso en sus manos.
eju.tv / Video: DTV
En las últimas horas, la administración vigente de Boliviana de Aviación (BoA), a la cabeza de Mario Borda, presentó una denuncia penal contra el exgerente Ronald Casso, a quien acusa de haber autorizado y blindado un contrato fraudulento con la empresa Kitex Experience, que operaba como intermediaria de cobros de los pasajes aéreos. Según la acusación, dicho contrato, firmado en noviembre de 2017 bajo leyes estadounidenses, encierra cláusulas lesivas a los intereses del Estado y produce pérdidas millonarias a la línea aérea estatal.
De acuerdo con la información presentada por la red DTV, el convenio establecía un cobro del 6,14 % por transacción a favor de la empresa intermediaria, el cual no estaba regulado ni supervisado por la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI). La denuncia señala también la retención de los fondos de las cuentas bancarias de BoA cada 15 días, lo que implicaría montos de hasta 3 millones de bolivianos cada quincena. En ocho años, la ‘pasarela de pagos’ habría recibido pagos por 600 millones de bolivianos, cobrando como simple intermediaria en compras telefónicas o por Internet.
Según la denuncia de BoA, a la que accedió DTV, el contrato incluye fuertes penalidades para disolverlo: durante los primeros años no puede romperse, y en años posteriores establece pagos de 1.273.000 dólares, 707.000 dólares o 424.000 dólares, según el momento. Además, antes de retirarse en 2022, Casso habría extendido el contrato por cinco años más, de modo que permanecerá vigente hasta noviembre de 2027. La denuncia está en manos de la Fiscalía y hay al menos cuatro personas que fueron parte de lo que el gerente de BOA denomina una organización al interior de la línea aérea.
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El hecho fue revelado en una auditoría especializada que reportó que había una ‘pasarela de pagos que retenía los fondos’. “Se requirió una auditoría aún más especializada por producto, porque se vio de que era aproximadamente 18 millones de dólares los que estaban perdiendo (…) BoA, desde el año 2023 hasta la fecha, había dejado de generar 18 millones de dólares y tenía más o menos un importe de 500 mil dólares mensuales”, precisó Mario Borda la pasada jornada al respecto.
La acusación sostiene que el manejo de ese contrato fue ‘inmune a todo control interno’, y que quienes lo aprobaron en alusión a Ronald Casso se cercioraron de que no pudiera revertirse fácilmente. “Se le ha pagado solamente por hacer de intermediario, es decir, usted llama a BOA, le mandan un QR, le pasan la tarjeta de crédito para que usted llene, ese es el procedimiento que hace esta pasarela. Se le ha pagado en estos ocho años 600 millones de bolivianos por este servicio. Ronald Caso ha dejado amarrado este contrato”, reza la acusación.
Según la explicación del especialista Luis Murillo, quien estuvo a cargo de la auditoría, Kitex Experience interviene en las operaciones de pago en la compra de pasajes de vuelo. “Ellos están haciendo ahí la retención total del dinero y no porcentual, como establece la ley, porque obviamente las pasarelas tienen un porcentaje que tienen que generar y que dan en sus actividades. Pasado el lapso de 15 días, ese dinero recién ingresa a las cuentas de BoA, entonces es ahí donde se ha hallado el primer mecanismo de manejo y manipulación, posiblemente enriquecimiento ilícito que está pasando acá”, afirmó.
La llegada de un avión de BoA. Foto: Opinión
Denuncias contra Ronald Casso fueron recurrente a lo largo de su gestión. BOA ha enfrentado históricamente críticas, pérdidas constantes y contratos poco transparentes. El uso de intermediarias poco reguladas para cobros de boletos ya había sido señalado en otros informes auditoría interna. Los críticos señalan que la redacción en idioma inglés, bajo leyes extranjeras, sumada a cláusulas dirigidas, fueron diseñadas intencionalmente para blindar el esquema. Además, la falta de intervención de la ASFI u otras entidades de control habría permitido que el sistema operara sin supervisión.