Cochamanidis fue más allá en sus críticas, apeló al principio fundamental de Estado de Derecho con la sujeción a la norma. El líder cívico sentenció que “quién incumpla las normas debe ser sancionado conforme a ley y más los que están llamados a cumplirla”, y tildó de “increíble la sinvergüenzura que tienen estos individuos al decir que no se van a ir”.
La presión social contra los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que se mantienen en el cargo mediante autoprorroga se intensifica, ahora con el respaldo del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Su presidente, Stello Cochamanidis, se sumó a las críticas y exigió la aplicación de sanciones legales contra los cinco magistrados, a quienes acusó de haber causado grave daño al país y de actuar con “sinvergüenzura” al permanecer en sus cargos de manera irregular.
“No nos olvidemos que ellos están un año y 10 meses autoprorrogados con todo el daño que le han hecho al país no solo en este tiempo sino cuando ejercían. No nos olvidemos quiénes son estos autoprorrogados, qué sentencias hicieron. Ellos estuvieron a favor de Evo Morales y luego en contra; a favor de Jeanine (Áñez) y luego en contra; a favor del (presidente Luis) Arce y hoy parece que no le están haciendo mucho caso”, declaró Cochamanidis ante los medios y así cuestionó la coherencia jurídica y falta de independencia de los magistrados frente a los distintos gobiernos.
Cochamanidis fue más allá en sus críticas, apeló al principio fundamental de Estado de Derecho con la sujeción a la norma. El líder cívico sentenció que “quién incumpla las normas debe ser sancionado conforme a ley y más los que están llamados a cumplirla”, y tildó de “increíble la sinvergüenzura que tienen estos individuos al decir que no se van a ir”.
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El presidente cívico también recordó las maniobras que, a su juicio, realizaron los magistrados para perpetuarse en el cargo. Señaló que, “días antes de terminar su mandato, empezaron a sacar un montón de normas para blindarse entre ellos”.
Asimismo, Cochamanidis lanzó un ultimátum de carácter moral. “Si tienen algo de moral y piensan en sus familias, de una vez por todas den un paso al costado como corresponde”, agregó.
La exigencia del Comité Cívico se produce en un contexto de escalada legal contra los magistrados. Solo ayer, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, interpuso una denuncia penal por los delitos de Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes y Usurpación de Funciones contra los magistrados autoprorrogados Gonzalo Miguel Hurtado, Rene Yvan Espada, Karem Lorena Gallardo, Isidora Jiménez Castro y Julia Elizabeth Cornejo. Cochamanidis se refirió también a este proceso y aclaró que, a pesar de todo, “incluso los autoprorrogados merecen que se les respete el debido proceso”.