«Querían formar parte de una conspiración. O sea, ¿qué es lo que quieren ellos? Que se anule las elecciones llevadas a cabo el 17 de agosto. ¿Por qué razón les interesa a ellos? Porque no tienen un solo parlamentario. O sea, que si se anula la elección se abrirían las posibilidades de que ellos puedan habilitar su sigla, su candidatura y, por cierto, sus postulantes al parlamento. Aquí hay un interés directo», acusó el legislador opositor.
La polarización política en Bolivia se intensifica, tras las elecciones generales del 17 de agosto, entre el oficialismo y la oposición que intercambian graves acusaciones de fraude y conspiración. Mientras el diputado evista del MAS, Héctor Arce, señala a Samuel Doria Medina como el presunto responsable de un fraude electoral, los legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) rechazan estas imputaciones y denuncian que el evismo busca anular los comicios para tener posibilidades de que Evo Morales regrese al poder.
Arce lanzó una andanada de acusaciones y afirmó que el Samuel es el cerebro de una maniobra ilegal para alterar los resultados. En declaraciones contundentes, el legislador justificó su estrategia de controlar el voto de Doria Medina y cuestionó la negativa de sus partidarios a investigar.
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«Por eso yo me doy cuenta esa noche, los diputados electos de Samuel Doria Medina, ese rato hicieron su quilombo y se opusieron a todo. Si no han cometido ningún fraude, ¿por qué no exigen que se investigue? Lo único que tienen que hacer es admitir la denuncia e investigar. Obviamente no lo van a hacer porque sí cometieron fraude», enfatizó el diputado evista.
Frente a estas imputaciones, la oposición respondió que el verdadero objetivo del evismo es crear las condiciones para anular la primera vuelta electoral. El diputado de CC Gonzalo Rodríguez explicó lo que considera el plan oficialista.
«Querían formar parte de una conspiración. O sea, ¿qué es lo que quieren ellos? Que se anule las elecciones llevadas a cabo el 17 de agosto. ¿Por qué razón les interesa a ellos? Porque no tienen un solo parlamentario. O sea, que si se anula la elección se abrirían las posibilidades de que ellos puedan habilitar su sigla, su candidatura y, por cierto, sus postulantes al parlamento. Aquí hay un interés directo», acusó el legislador opositor.
Días atrás, el activista Peter Beckhauser formalizó una denuncia penal por la presunta manipulación de alrededor de 3.600 actas electorales. Beckhauser sostiene que contrató a un perito argentino para auditar las 35 mil actas y que cuenta con dos testigos clave, un técnico de la Agetic y otro del TSE, aunque advierte que ambos temen testificar sin protección fiscal.