Escasez de combustibles, demora en pagos a cañeros, incumplimientos de EMAPA con panificadores y la suspensión temporal del acopio de leche por parte de EBA conforman un cuadro de emergencia productiva que la oposición y analistas atribuyen a la falta de respuesta del Gobierno.
La planta de leche de EBA. Foto: Abi
La persistente escasez de combustibles y los incumplimientos de compras y pagos por parte de empresas estatales tienen a varios sectores productivos al borde del colapso; según el líder de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, ello obedece a que la actual administración ‘está en fuga’ y que a las autoridades y los servidores públicos salientes no les interesa dar un mínimo de tranquilidad al gobierno entrante de Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara.
Doria Medina acusó al presidente Luis Arce de estar ‘desorientado’ y responsabilizó a su gobierno por la profundización de la crisis, crítica que se suma a reclamos concretos de panificadores, cañeros y lecheros, entre otros varios sectores que observan la inacción de la actual gestión frente a la galopante crisis económica y energética que se agrava día que pasa, la cual dejó de ser atendida por las autoridades actuales desde hace varias semanas.
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“Continúa la escasez de combustibles. Emapa no paga lo que debe a los panificadores, que quieren subir el precio del pan. Tampoco cumple sus compromisos de aprovisionar a los productores de carne de cerdo. YPFB no paga a los cañeros por el etanol. EBA no quiere comprar la producción de los lecheros del sur del país”, enumera Doria Medina en una publicación de X, en la que asegura también que ‘el gobierno está en fuga’ y que “en todo caso los funcionarios no trabajan para darle un tiempo de respiro a sus sucesores”.
En las últimas horas los panificadores advirtieron que Emapa no cumplió con la entrega de harina subvencionada, lo que los obliga a comprar insumos más caros en el mercado y empuja a analizar la posibilidad de un incremento en el precio del pan. “Como panificadores estamos descapitalizados. Tenemos insumos guardados desde septiembre, pero seguimos comprando en el mercado negro para abastecer a la población, subvencionando de nuestro propio bolsillo”, señaló Fernando Chambi, dirigente de los panificadores paceños.
El precio del pan de batalla podría ser incrementado, según los panificadores. Foto: Unitel
En ese contexto, la mira está puesta en las medidas que tomará el próximo Gobierno a partir del 8 de noviembre. Sin embargo, el dirigente advierte que la situación es insostenible y puede provocar el desabastecimiento de ese alimento esencial si la actual gestión no da una solución de manera pronta. “Ya no nos responsabilizamos por el abastecimiento del pan, el precio puede llegar a Bs 1,30 debido a la situación del país. El responsable es Emapa por el incumplimiento con el sector panificador”, advirtió.
Asimismo, la Comisión Nacional de Productores Cañeros (Concabol) elevó su voz de alarma por la mora de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en el pago del etanol, según ellos la deuda asciende a cientos de millones de bolivianos, pro ello, advirtieron con interrumpir el suministro si no reciben respuestas inmediatas. El atraso ya presiona la liquidez de los ingenios y pone en riesgo los empleos de las personas que trabajan en esa cadena productiva.
La lechería, por su parte, expresó su preocupación por el anuncio de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) de suspender temporalmente el acopio en plantas de Tarija y Beni, decisión que según los dirigentes provoca pérdidas diarias y obliga a los pequeños productores a organizar protestas para exigir la reanudación del pago y la compra de la materia prima. En Beni, aseguran que la empresa estatal ya no recibe más producto, alegando tener stock lleno y mantiene una deuda superior a los Bs 500.000 con los productores de la zona.
Raúl Egger, de la Central de Productores de Leche (Cerma) apuntó que “el productor ha sacado crédito, está en riesgo todo lo que venimos haciendo”; posición compartida por Waldo Gamuel, dirigente de los productores de San Lorenzo, en Tarija, quien también expresó su rechazo porque implica un daño económico al sector. “Hemos arriesgado para cumplir estos compromisos, préstamos bancarios, hemos comprado vacas, mejorado la genética”, señaló.
Los cañeros exigen al Estado el pago de una millonaria deuda. Foto: Unitel
Analistas sostienen que estos episodios no son hechos aislados, sino síntomas de una administración que evita decisiones estructurales. Cuestionan la “falta de autocrítica, negación de la crisis y ausencia de visión” en los mensajes oficiales, lo que alimenta la percepción de paralización administrativa frente a problemas urgentes. Para los expertos, la combinación de faltas de pago, problemas logísticos y escasez de insumos exige respuestas claras que hasta ahora no han llegado.
La suma de voces configura un escenario adverso que tendrá que afrontar el gobierno entrante, debido a que ese incumplimiento contractual y con sectores clave, puede provocar repercusiones inmediatas sobre los precios, la economía de los hogares y el abastecimiento de los diferentes productos. Doria medina tiene su propia percepción al respecto: “esto pasa cuando se cree que el Estado es un patrimonio partidario y no la institución del bien común, dice a manera de explicar lo que sucede con el gobierno de Arce.
El Ejecutivo, entre tanto, atribuye la crisis al bloqueo legislativo, la disminución de los ingresos financieros y a la herencia de decisiones previas, no hace un mea culpa y elude su responsabilidad; pero la sensación generalizada es que los instrumentos del Estado no están funcionando con la celeridad ni la respuesta requeridas. La acumulación de conflictos de los sectores productivos puede terminar de hundir la de por sí magra economía del país y generar una espiral de desabastecimiento mucho mayor.