En una tensa reunión con el ministro de Hidrocarburos, dirigentes del transporte desbordaron la furia por la escasez de carburantes: reclamos, amenazas veladas y advertencias de movilización. El episodio confirma que la crisis del combustible es un conflicto social inminente.
eju.tv / Video: Red América TV
Lo que debía ser un espacio de diálogo terminó en un reclamo de desesperación. Frente al ministro de Hidrocarburos, Alejandro Gallardo, en el cargo desde agosto de 2024, y otros altos funcionarios gubernamentales, dos dirigentes del transporte pusieron en evidencia el colapso del diálogo como instrumento de solución a las demandas: uno recriminó la pasividad y la distancia de las autoridades; el otro volteó la mirada a la dirigencia nacional y planteó medidas drásticas.
“Ustedes viven bien, tienen sueldazos, les vale nosotros”, tronó el primero, acusando privilegios y trabas burocráticas. “Cuando viene la intervención, a la mala vamos a quedarnos, a la mala vamos a hacer perder los autos, a la mala vamos a perder nuestras casas”, avisó el segundo, en un tono que no ocultó la gravedad de la amenaza. En esta jornada, Cochabamba vive un bloqueo contundente como respuesta del transporte federado al desabastecimiento de los carburantes.
Foto: captura pantalla
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La reunión confirma una realidad que se arrastra desde hace varios meses y que, en las últimas semanas, se agravó aún más, debido a la imposibilidad del gobierno de dar una solución al problema. La falta de combustible afecta a la siembra y a la cosecha, al transporte de carga y pasajeros, al servicio urbano. Filas de vehículos pesados que esperan días para cargar, terminales que suspenden salidas y mercados con productos que no llegan. Ese efecto real se traduce en pérdidas millonarias y en una escalada de tensión social.
La raíz del problema, repiten expertos y fuentes oficiales no es sólo técnica, sino financiera; la escasez de dólares y la caída de reservas han limitado la capacidad de importar combustible, extremo que fue reconocido por el propio presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien es buscado por la Policía Boliviana por un proceso penal abierto en su contra. Si bien las autoridades de la estatal han comprometido la regularización en la distribución, en la calle la situación es patética.
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En ese contexto, las acusaciones hechas por los transportistas en la reunión adquieren otra dimensión, ya que no son sólo críticas a procedimientos, sino un desesperado pedido de soluciones inmediatas que garanticen la movilidad y la seguridad económica de miles de familias. “Ustedes son de la derecha. Ahora me he dado cuenta que ustedes no quieren hacer patria”, dijo uno de los dirigentes al lanzar esa frase que mezcla el reproche político y el sentimiento de abandono que perciben las bases.
Las autoridades nacionales, por su parte, intentan disociar causas y soluciones: apelan a compras puntuales, permisos de importación y negociaciones con traders, mientras los transportistas denuncian que esos mecanismos, además de lentos, terminan encareciendo el producto y creando dependencias. El choque en la sala terminó con la propuesta de seleccionar tres personas de cada federación departamental para vigilar las acciones del gobierno, clara muestra de la pérdida de confianza institucional.
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“Vamos a nombrar una comisión, a tres personas de cada federación departamental y nosotros vamos a hacer la presencia. A la cabeza del ministro tienen que ser, porque nos van a mandar a escuchar cada vez. Pasa las elecciones, compañeros, nosotros vamos a hacer, para que sepan, nosotros vamos a nombrar, el pueblo, ya se han unido las organizaciones sociales, vamos a hacer un movimiento” advirtió.
El origen de la desesperación es claro y comprobable: si no hay combustible falla, la economía real se detiene e inevitablemente afectará a la cosecha, a la cadena logística y, por ende, a los bolsillos. La reacción social puede tornarse rápida e impredecible. El problema plasmado en camiones y buses que esperan días en las estaciones de servicio, la pasividad de las autoridades y el anuncio de medidas drásticas de diferentes sectores confirman que la crisis energética tiende a convertirse en un conflicto político y social.