El documento añade que los hechos denunciados se enmarcan dentro de las funciones establecidas en el Artículo 15 de la Ley Nº 974, motivo por el cual la Cartera de Estado «ADMITE la DENUNCIA» para que la Unidad de Investigaciones de Actos de Corrupción en Entidades Públicas realice la respectiva gestión.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional admitió formalmente una denuncia por presuntas irregularidades en el proyecto ‘Parqueo para Todos’ de la Alcaldía de La Paz, luego de que la concejala Yelka Maric presentara una queja respaldada con documentación que evidenciaría vicios en la concepción y gestión del contrato de parqueos tarifados.
«Presenté todos los respaldos y documentos necesarios. Que mi denuncia haya sido admitida no es un capricho, ni una exageración: es la consecuencia lógica de las irregularidades detectadas en la concepción y gestión de este proyecto», afirmó la edil a través de sus redes sociales.
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La respuesta oficial del Ministerio, compartida por la concejala, especifica que «el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción tomó conocimiento de la denuncia registrada mediante Sistema SITPRECO 2 PLUS con código MJTI-VTILCC-UAD-2253-2025».
El documento añade que los hechos denunciados se enmarcan dentro de las funciones establecidas en el Artículo 15 de la Ley Nº 974, motivo por el cual la Cartera de Estado «ADMITE la DENUNCIA» para que la Unidad de Investigaciones de Actos de Corrupción en Entidades Públicas realice la respectiva gestión.
Maric reafirmó su compromiso con el proceso de fiscalización en curso, “la defensa del interés público” porque “la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos municipales». La concejala agregó que informará con «claridad, responsabilidad y firmeza» sobre los avances del caso.
La admisión de la denuncia se produce en un contexto legislativo significativo, ya que el 15 de octubre el Concejo Municipal de La Paz aprobó la ley que anula las autorizaciones para el parqueo tarifado en la ciudad. La norma establece que el ejecutivo municipal cuenta con un plazo de 10 días para realizar observaciones o, en su defecto, promulgar la ley para que entre en vigencia.