La dirigencia del sector se opone frontalmente a un plan que beneficiaría la ilegalidad y perjudicaría a quienes han cumplido con la ley y advierten que mantendrán una posición firme al respecto.
La Federación de Choferes de La Paz Chuquiago Marka exige al presidente electo, Rodrigo Paz, que reconsidere su polémica propuesta de nacionalizar vehículos indocumentados, bajo el argumento que la medida atentaría contra el patrimonio legal de los transportistas y generaría una devaluación generalizada.
“Este es un tema a nivel nacional. Prácticamente habría una devaluación con todo esto, no podemos aceptar lo ilegal. El tema de los autos chutos nosotros hemos dicho que no lo vamos a aceptar y vamos a mantener firme esa posición porque no estamos de acuerdo en que se atente contra el patrimonio de los transportistas”, afirmó el dirigente del gremio Santos Escalante.
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El dirigente hizo un llamado directo al binomio electo para que deseche la iniciativa o, en su defecto, busque alternativas que puedan ser trabajadas con los transportistas legales.
“O por lo menos que planteen alternativas, pero que sean convocados también los transportistas porque nosotros en una gran mayoría vamos a ser afectados en nuestros patrimonios”, agregó el dirigente e insistió en que cualquier discusión sobre el parque automotor debe contar con la voz de quienes se verían directamente perjudicados.
Asimismo, el representante gremial puso en duda la capacidad logística y económica del Estado para absorber las consecuencias de una legalización masiva, por lo que planteó una inquietud fundamental sobre la viabilidad. Si ahora el Estado no puede cubrir la demanda de combustible, ¿tendrá luego la capacidad de subvencionarlo a más de 2 millones de vehículos ilegales sumados al actual parque automotor?, planteó. En su crítica final, Escalante concluyó que la medida no tendría un beneficio colectivo, sino que “va a favorecer a ciertos clanes de familias que están trabajando con este tema ilegal de los autos chutos”.
La propuesta del presidente electo, realizada durante su campaña, prometía generar recaudaciones millonarias para el país a través de la legalización de vehículos indocumentados, pero con la exclusión de aquellos con reporte de robo. Paz ha defendido su iniciativa bajo el argumento que permitiría tener un registro más preciso del parque automotor boliviano. No obstante, el fuerte rechazo de los transportistas perfila un complejo debate y una posible batalla política antes de cualquier implementación.