El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé pide que los magistrados del TCP que extendieron su mandato sin base legal cesen de inmediato. El Fiscal General, Roger Mariaca, responde que debe actuarse según procedimientos legales vinculados al juicio de responsabilidades.
Los cinco magistrados del TCP en cuestión. Foto: Correo del Sur
Nuevamente se intensifica el debate sobre la legalidad de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional. Eduardo Rodríguez Veltzé, expresidente y exmagistrado, exigió acciones firmes contra quienes, a su juicio, usurpan funciones. Por su parte, el Fiscal General, Roger Mariaca, argumenta que la denuncia presentada deberá tramitarse ante la Asamblea Legislativa mediante juicio de responsabilidades, pues la vía ordinaria es ‘incompetente’ para autoridades electas.
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé ha sido una voz crítica desde hace meses ante la extensión de funciones de magistrados del TCP cuyo mandato concluyó en diciembre de 2023. En su cuenta oficial en redes sociales, Veltzé expresó: “Sí, deben irse. Tomó 10 meses para que el TSJ se pronuncie”, refiriéndose al pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que pidió el cese de los magistrados autoprorrogados.
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“Los 5 ex magistrados cesaron en su mandato el 31.12.23. Desde entonces ya no gozan de juicio de responsabilidades bajo las Leyes 044 y 612. El Fiscal General está obligado a promover acción penal pública por denuncia. No hacerlo es avalar la autoprórroga”, escribió el expresidente de la Corte Suprema de Justca en su cuenta de la red social X a propósito del debate creado en torno si los cinco magistrados en cuestión pueden ser sometidos a ese fuero especial.
El presidente del TSJ, Romer Saucedo, demandó de manera formal a los autoprorrogados. Foto: Correo del Sur
La pasada jornada, El fiscal general del Estado formalizó el envío a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de la denuncia presentada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, en contra de los magistrados autoprorrogados del TCP, acusados de ejercer funciones fuera de su mandato. “La ilegal ‘autoprórroga’ en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). Inaceptable afrenta a la democracia”, subrayó así que su permanencia atenta contra principios constitucionales.
Rodríguez Veltzé apoya la postura del TSJ, encabezada por su presidente, Romer Saucedo, que denunció penalmente a los magistrados autoprorrogados por delitos como usurpación de funciones y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución, y exigió que se haga justicia. “La decisión ‘procesal’ del Fiscal General, Roger Mariaca no lo exime de pronunciarse sobre la situación de los ‘autoprorrogados’ en el TCP. Su obligación constitucional es promover la acción de la Justicia, defender la legalidad, los intereses del Estado y la sociedad”, apuntó.
Por su parte, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, explicó públicamente que la denuncia presentada por el presidente del TSJ debe remitirse a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en particular a la Cámara de Diputados, para su trámite bajo la Ley 044 de juzgamiento de altas autoridades. Según Mariaca, la vía ordinaria de la justicia penal no tiene competencia para procesar directamente a autoridades electas en funciones como los magistrados del TCP.
EL exmandatario es un ácido cuestionador de los magstrados autoprorrogados. Foto: Unitel
Mariaca también citó jurisprudencia y antecedentes que, en su criterio, sustentan esta decisión: “la fiscal analista ha determinado remitir la denuncia ante la ALP porque la vía ordinaria es incompetente para procesar a las autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional”. Asimismo, Mariaca afirmó que “el Fiscal General del Estado no tiene atribuciones para destituir ni para procesar de manera directa a las autoridades electas”.
Rodríguez Veltzé y otros juristas critican que la Fiscalía evite pronunciarse sobre lo que consideran un claro incumplimiento constitucional, porque los magistrados sobrepasaron el término de su mandato. Mariaca sostiene que, según la Constitución y la Ley 044, el juzgamiento de autoridades electas corresponde al Parlamento mediante juicio de responsabilidades.
La Declaración Constitucional 049/2023 está en la mira de los detractores de los magistrados que sobrepasaron el tiempo que fija la CPE para su mandato. Esa declaración fue utilizada como fundamento por los cinco miembros del TCP para extender su autoridad hasta que se elijan sus sucesores, aunque opositores y expertos cuestionan que dicha norma vulnere artículos de la Constitución que establecen límites de mando.
Mariaca y Rodríguez tienen criterios disímiles sobre la situación de los magistrados del TCP. Foto: RKC
El presidente del TSJ presentó la denuncia penal ante la Fiscalía, buscando que se procesen por delitos como usurpación de funciones. En enero de 2025 el Senado aprobó una ley que regula el funcionamiento excepcional del TCP y el TSJ mientras se eligen nuevos magistrados, y que dispone ceses para los magistrados autoprorrogados. Rodríguez Veltzé advierte que mantener funciones sin respaldo legal no sólo es un problema jurídico, sino institucional y político.
La ALP, algunos sectores sociales y constitucionalistas han manifestado que la continuidad puede generar inseguridad jurídica y afectar la credibilidad del sistema judicial. El país se encuentra ante un dilema institucional relevante: mientras figuras como Eduardo Rodríguez Veltzé exigen acciones concretas inmediatas contra los magistrados autoprorrogados por lo que consideran violaciones constitucionales, el Fiscal General, Roger Mariaca, sostiene que los procedimientos y la normativa vigente (Constitución, Ley 044) establecen una ruta diferente, centrada en el juicio de responsabilidades en el Legislativo.