El fallo fue emitido por la Sala Constitucional encabezada por el vocal Charles Fernando Mejía, que determinó rechazar el recurso de amparo presentado por Hurtado. De esta forma, queda ratificada la validez del requerimiento fiscal que sustenta el proceso por presunta usurpación de funciones.
eju.tv / Video: Radio Fides
La Sala Constitucional Primera de la ciudad de Trinidad, Beni, denegó este viernes la tutela solicitada por el presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Gonzalo Hurtado, quien presentó un incidente para evitar el tratamiento de la demanda en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que tiene que dar curso a un posible juicio de responsabilidades por autoprorrogarse como magistrado en ese Órgano Judicial, al igual que cuatro de sus colegas. Con esta decisión, el caso deberá continuar en la instancia legislativa, conforme al requerimiento emitido por la Fiscalía Departamental de Chuquisaca, instancia donde se interpuso la denuncia.
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“El requerimiento emitido por el fiscal se mantiene firme para que Hurtado y compañía sean procesados en el Congreso. Es un fallo híbrido, interesante, porque reconoce la existencia de indicios de responsabilidad penal en los siete magistrados autoprorrogados (cinco magistrados del TCP y dos prorrogados del Tribunal Supremo de Justicia -TSJ)”, declaró el abogado constitucionalista, Hans Soruco, tras conocer la resolución judicial, según Radio Fides.
El fallo fue emitido por la Sala Constitucional encabezada por el vocal Charles Fernando Mejía, que determinó rechazar el recurso de amparo presentado por Hurtado. De esta forma, queda ratificada la validez del requerimiento fiscal que sustenta el proceso por presunta usurpación de funciones.
«Según se conoció, los vocales Charles Mejía y Marco Justiniano, entre otros, habrían intentado, supuestamente, quedar bien entre Beni y Bolivia, entre Trinidad y el país. En términos sencillos, rechazaron la acción de amparo presentada por Hurtado y compañía; por lo tanto, se ratifica y confirma la vigencia del requerimiento emitido por el fiscal de Chuquisaca», sostuvo el jurista, quien indicó que el único objetivo de Hurtado es frenar el proceso legislativo.
Según los anntecedentes, el pasado miércoles, el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, informó que la denuncia contra los magistrados autoprorrogados del TCP fue remitida a la presidencia de la Cámara de Diputados. Explicó que corresponde a esta instancia conformar una comisión y definir si los denunciados serán procesados mediante juicio de responsabilidades, en el marco de la Ley 044 y la Constitución Política del Estado.
Sin embargo, en respuesta algunos legisladores de la ALP sostienen que los magistrados deberían ser juzgados por la vía ordinaria, dado que su mandato constitucional habría concluido en diciembre de 2023.
