Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país registró una contracción económica del 2,41% del PIB en el segundo trimestre de este año, cifra que Aranda considera alarmante.
eju.tv/ Video: La Hora Pico
Santa Cruz.- El economista Carlos Aranda, del Centro de Estudios Populi, consideró que la ley permitirá la participación del sector privado en la provisión y distribución de combustibles es una medida necesaria para enfrentar la crisis de desabastecimiento que afecta al país. Explicó que la norma no elimina el rol de YPFB, sino que complementa su capacidad de suministro, abriendo espacio a que los privados atiendan parte de la demanda insatisfecha.
“Se ha sacado esta ley justamente para habilitar a que el sector privado pueda concursar en la provisión y distribución de combustible, en una etapa donde ya hemos visto los efectos tan perniciosos que ha tenido la falta de combustible”, afirmó el economista en entrevista con La Hora Pico de eju.tv que conducen Belén Mendivil, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el país registró una contracción económica del 2,41% del PIB en el segundo trimestre de este año, cifra que Aranda considera alarmante. “Es un tercio de la contracción de la pandemia”, sostuvo, señalando que la escasez de carburantes ha frenado el transporte, la industria y la producción de alimentos.
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Respecto a las críticas del sector transporte —que teme un incremento de precios—, Aranda aclaró que la norma no obliga a nadie a comprar combustible a precio internacional, sino que ofrece una alternativa de abastecimiento a quienes no pueden esperar largas filas.
“El que quiera puede seguir comprando al precio subvencionado de 3,74 bolivianos, pero quien necesite abastecerse más rápido podrá hacerlo al precio que determine el mercado”, explicó.
El economista también precisó que esta apertura no afectará los precios subvencionados ni generará distorsiones en el mercado. “YPFB seguirá vendiendo al precio actual, con la oferta que tenga disponible. Lo que hace esta ley es aumentar la oferta con combustible a precio de mercado”, señaló.
Desde una perspectiva estructural, Aranda sostuvo que Bolivia necesita avanzar hacia un sinceramiento gradual de los precios de los carburantes, pues el actual esquema de subvención es “fiscalmente insostenible”. “El subsidio a los carburantes nos cuesta más de 15.000 millones de bolivianos al año, casi la mitad del déficit fiscal. Sabemos que en algún momento hay que retirarlo, y esta ley es un primer paso para que las empresas se vayan adecuando a esa nueva realidad”, remarcó.
El economista recordó que la política de subvención comenzó en los años 90 y ha provocado una distorsión profunda en la economía. “En veinte años el parque automotor creció un 600%, cuando en otros países con más ingresos apenas aumentó un 150%. Se tomaron decisiones en base a un precio artificialmente bajo del combustible”, afirmó.
En su análisis, Aranda advirtió que no actuar también tiene costos sociales altos. Citó estudios que muestran un aumento de la pobreza extrema en 7% a 8%, equivalente a 400.000 personas más, debido a la inflación y la escasez de productos. “El costo de la inacción ya lo estamos pagando”, enfatizó.
Finalmente, el economista consideró que el país deberá enfrentar un “shock económico inevitable” para corregir los desequilibrios acumulados, pero insistió en que debe ir acompañado de reformas estructurales que fortalezcan al sector privado.
“Bolivia necesita liberar sus fuerzas productivas, reducir la burocracia, reformar la legislación laboral y generar incentivos para la inversión. Si se ordena la macroeconomía y se da confianza al sector privado, el rebote será rápido”, concluyó.
Estas declaraciones las pueden escuchar desde el minuto 03:08 del video adjunto de la presente nota.