Hace instantes, la situación de los magistrados prorrogados cambió porque estas autoridades hicieron conocer, horas atrás, que terminaba la prórroga de mandato e iban a abandonar sus funciones en 10 días. Sin embargo, dos salas constitucionales, una en Potosí y otra en Santa Cruz, ordenaron que sean apartados de inmediato. A lo anterior se suma una orden de aprehensión y alerta migratoria emitida contra estas mismas exautoridades.
La diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Patricia Patiño, advirtió que el cese de funciones de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) es solo el primer paso y exigió que se les inicien procesos por las «irregularidades» cometidas tanto por acción como por omisión durante su gestión extendida ilegalmente.
«Es una decisión excelente, más bien se han tardado, pero lo que no quiere decir y eso ojito mis queridos amigos, mi querida Bolivia, que esto sea un pasaporte a algo irregular, un pasaporte a la impunidad, definitivamente no lo vamos a permitir, hay que aplicar la ley Quiroga Santa Cruz porque han omitido varias actividades y varias acciones y porque han accionado muchas irregularidades», enfatizó Patiño en referencia al cese dispuesto por el TCP.
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La legisladora, quien forma parte de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aseguró que ejercerá una vigilancia estricta sobre el proceso. «También quiero decirles que mi persona está adscrita a la Comisión de Constitución y voy a ser muy fría para ver de cerca este aspecto y obviamente transparentar», manifestó y así se comprometió a garantizar que no haya impunidad.
Patiño justificó la necesidad de acciones legales más contundentes al señalar que «Bolivia quiere certidumbre, estamos viviendo en una democracia y tenemos que aplicar lo que la norma establece». Subrayó que el daño causado por los magistrados «no solamente [fue] económico sino un daño al Estado en cuanto a la credibilidad, en cuanto a la aplicación de norma», y anticipó que estas consecuencias se evaluarán en los próximos días.
La declaración de la diputada se produce luego de que el Tribunal Constitucional Plurinacional dispusiera hoy, más temprano, el cese de funciones en un plazo de 10 días hábiles para los magistrados de ese estamento y del Tribunal Supremo de Justicia que se mantenían en el cargo mediante prórroga de mandato, una medida que ellos mismos decretaron.
Hace instantes, la situación de los magistrados prorrogados cambió porque estas autoridades hicieron conocer, horas atrás, que terminaba la prórroga de mandato e iban a abandonar sus funciones en 10 días. Sin embargo, dos salas constitucionales, una en Potosí y otra en Santa Cruz, ordenaron que sean apartados de inmediato. A lo anterior se suma una orden de aprehensión y alerta migratoria emitida contra estas mismas exautoridades.
Las ordenes de aprehensión que fueron emitidas por un juzgado de La Guardia que dispone la aprehensión de los magistrados Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano, René Yván Espada Navia, Julia Elizabeth Cornejo Gallardo y Karem Lorena Gallardo Sejas.