La decisión representa un cambio histórico en la política antidrogas boliviana, ya que la DEA fue expulsada en 2008 durante el gobierno de Evo Morales, acusada de conspirar contra el Estado boliviano, en una medida que ahora es revertida completamente por la nueva administración que asume el crimen organizado como una amenaza transnacional que requiere cooperación internacional.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció oficialmente hoy (11) que Bolivia buscará la colaboración de la DEA y unidades policiales de la Unión Europea (Europol) y otras agencias internacionales para combatir delitos transnacionales, con lo que se marca un giro radical en la política de seguridad del país tras 16 años de expulsión del organismo antidrogas estadounidense, lo que refleja la nueva política de «puertas abiertas» del gobierno de Rodrigo Paz.
«Quiero anunciar lo siguiente. Nosotros vamos a contar con la colaboración de varias agencias, de varios países, que nos coadyuven a la lucha contra delitos transnacionales graves», afirmó el titular de Gobierno y especificó que «entre ellos, obviamente, está la DEA, están unidades policiales de la Unión Europea, tenemos convenios con países vecinos».
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Durante una conferencia de prensa, el ministro Oviedo detalló el nuevo enfoque de cooperación internacional y fundamentó esta decisión en la naturaleza globalizada del crimen organizado.
«Porque el delito no tiene la identidad, el delito no es de un solo país, el delito no es solo de una región, el delito es internacional», explicó el ministro y enumeró como ejemplos «la trata y tráfico de personas, el terrorismo, el narcotráfico», y añadió que «no tenemos por qué estigmatizar que venga una u otra agencia» a Bolivia.
Este anuncio concreta la postura expresada previamente por el presidente Rodrigo Paz, quien en su primer día de gobierno afirmó que no solo la DEA, sino todos los organismos que contribuyan a garantizar la seguridad de los bolivianos podrán ingresar al país, lo que incluye específicamente a los países fronterizos como Brasil, Argentina, Paraguay, Perú y Chile.
La decisión representa un cambio histórico en la política antidrogas boliviana, ya que la DEA fue expulsada en 2008 durante el gobierno de Evo Morales, acusada de conspirar contra el Estado boliviano, en una medida que ahora es revertida completamente por la nueva administración que asume el crimen organizado como una amenaza transnacional que requiere cooperación internacional.