Afirmó que el Colegio de Abogados de Santa Cruz, que agrupa a más de 13.000 profesionales, apoyará las acciones del Ejecutivo destinadas a combatir la corrupción, recuperar la independencia judicial y avanzar hacia una reforma profunda de la Constitución Política del Estado.
eju.tv / Video: Cadena A
El presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, Julio Egüez, destacó este jueves la decisión del presidente Rodrigo Paz Pereira de cerrar de manera definitiva el Ministerio de Justicia, medida que marca el inicio de una nueva etapa para «la independencia judicial en el país».
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«Era el ministerio a través del cual se cercenó los derechos de los abogados y se los obligó a ejercer una profesión que es libre, convirtiéndola en una profesión fiscalizada y sometida al Poder Ejecutivo, cuando se les quitó a los colegios la matrícula obligatoria y la facultad de fiscalizar el correcto ejercicio de la abogacía a través de sus tribunales de ética», mencionó el vocero de los abogados cruceños.
Señaló que la determinación asumida por el Gobierno “cumple una palabra empeñada” y devuelve a la institución colegiada su rol natural de fiscalización. “El presidente le ha hecho un favor no solo a los abogados, sino a todos los bolivianos. Se pone fin a un ministerio que se convirtió en símbolo de corrupción, de procesos inventados y de presión sobre notarios, jueces y autoridades judiciales”, afirmó.
El titular del gremio añadió que con esta decisión se abre la posibilidad de una justicia más transparente y alejada del poder político.
Afirmó que el Colegio de Abogados de Santa Cruz, que agrupa a más de 13.000 profesionales, apoyará las acciones del Ejecutivo destinadas a combatir la corrupción, recuperar la independencia judicial y avanzar hacia una reforma profunda de la Constitución Política del Estado.
La posición de la entidad se da luego que este jueves por la tarde, el presidente Rodrigo Paz Pereira anunció que decidió cerrar de forma definitiva el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, cartera de Estado a la que calificó como una institución que durante 20 años se dedicó a «vender sentencias, era una forma de cómo chantajear a la sociedad desde el poder político».