Rodrigo Paz lanza una ofensiva institucional contra los gobiernos del MAS al crear una Comisión de la Verdad para investigar el presunto ‘mar de corrupción’ en hidrocarburos y anuncia otras instancias similares para desnudar el desfalco al Estado.
El presidente Paz apuesta por las denominadas comisiones de la verdad. Foto: El Deber
Desde su llegada al poder, el presidente Rodrigo Paz ha mostrado la voluntad política de luchar de manera frontal contra la corrupción, además de la clara intención de desnudar los bullados casos que involucran a altos dignatarios de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), los cuales no fueron aún aclarados; en ese sentido, anunció la creación de una ‘Comisión de la Verdad’ de Hidrocarburos destinada a investigar lo que él describe como ‘hechos gravísimos de corrupción, desfalco y robo’ en el sector energético.
Pero ¿qué son exactamente las comisiones de la verdad y por qué Paz apuesta por este mecanismo? Una comisión de la verdad es un órgano ad hoc, no penal, diseñado para esclarecer sistemáticamente actos graves como violaciones de derechos humanos o corrupción estructural, dar una narrativa oficial al respecto, construir memoria y, en muchos casos, habilitar la rendición de cuentas. Tradicionalmente, estas comisiones actúan con independencia del Ejecutivo, con participación de diversos actores (sociales, políticos, jurídicos) y con el mandato de revelar la verdad sobre pasados oscuros.
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En el caso boliviano, el presidente Paz ha sido enfático: no se trata de investigar una ‘manzana podrida’, sino una red paralela que, según su diagnóstico, operó con la complacencia de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS) y atropelló la dignidad nacional. Ha señalado que parte importante del robo estaría relacionado con combustibles subsidiados, lo que recuerda una estructura clandestina organizada y poderosa.
El mandatario anticipa que esta será solo la primera de varias comisiones en diferentes casos; “vienen otras comisiones. Hidrocarburos es lo que nos afecta de la forma más directa, en el día a día”, declaró. Paz ha dicho que la comisión estará integrada por representantes parlamentarios, del Poder Judicial y de la sociedad civil. También aseguró que instituciones de justicia formarán parte del equipo, para acompañar las investigaciones hasta los tribunales si es necesario.
La primera ‘Comisión de la Verdad’ investigará el área de hidrocarburos. Foto: Correo del Sur
Su mandato es claro: “revelar la verdad, denunciar a los responsables y llevarlos ante la Justicia, caiga quien caiga”, dijo el presidente. En su mensaje, no ahorró términos duros: habló de una ‘maldita cloaca’ que su administración pretende exponer. Según la vocera presidencial, Carla Faval aún se discute cuál ministerio serán los encargados de darle presupuesto a la comisión. Al mismo tiempo, se ha advertido que la instancia será transparente, con un equipo compacto, pero con una amplia representación.
No es casualidad que Paz utilice un lenguaje de máxima gravedad. Al referirse a 15.000 millones de dólares de pérdidas, su administración sugiere que el presunto saqueo al Estado fue profundo y masivo durante las casi dos décadas de gobiernos sucesivos de Evo Morales Ayma y el último de Luis Arce Catacora. La impresionante cifra provocó la repulsa de amplios sectores de la sociedad, que piden una investigación profunda y una sanción ejemplar si se comprueban las acusaciones que podrían generar juicios públicos y caídas políticas.
Más allá de la ‘Comisión de la verdad’ de Hidrocarburos, que es un hecho, con el anuncio del primer mandatario, se ponen en la lista de espera más de 10 grandes casos de entidades públicas, mismas que desde la primera gestión de Evo Morales (2006-2009) hasta el gobierno de Luis Arce, fueron noticia por escándalos de corrupción con pérdidas millonarias en contra del Estado, y en todos los casos mencionados hay denuncias de corrupción
Entre los casos que denunciados resaltan: el desfalco millonario del Fondo Indígena con más de $us 200 millones, el escándalo del cobro de millonarias ‘coimas’ de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), el multimillonario proyecto de explotación del litio con la Empresa del Litio Boliviano (YLB) que en 15 años no arranca y gastó más de $us mil millones de las Reservas Internacionales Netas (RIN), las denuncias de corrupción en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) y del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ambas recientemente intervenidas.
Emapa es otra de las empresas que están en elojo de la tormenta. Foto: ABI
También se anotan en la lista para ser investigadas por corrupción y malos manejos otros casos de empresas estatales como Boliviana de Aviación (BOA), la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), de la Empresa Nacional de Electricidad Bolivia (ENDE), Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), de la Empresa Siderúrgica del Mutún y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) que enfrenta varias denuncias de proteger la minería ilegal aurífera.
Sin embargo, las comisiones de la verdad no siempre se traducen en justicia real. Al no ser tribunales penales, su eficacia dependerá de si sus recomendaciones se convierten en procesos judiciales, si los hallazgos son auténticos y si se mantiene su independencia. Además, iniciativas similares en otros países alertan sobre la posibilidad de que estos mecanismos se conviertan también en herramientas de revanchismo político.
Al apostar por ese mecanismo, Paz no solo busca desnudar la corruptela del pasado, pretende reconstruir legitimidad institucional, conectar con la demanda de la población por el desabastecimiento energético y hacer un corte con el MAS. Si logra que esas comisiones deriven en resultados judiciales concretos, marcará un punto de inflexión en la lucha contra la impunidad en Bolivia. El desafío es mayúsculo, porque transparentar no basta, hay que juzgar y convencer al país de que ‘la verdad’ no será un eslogan, sino un proceso efectivo.